Caminar luego de los scooters, por Cynthia Yamamoto

Hace unos días la Municipalidad de Miraflores emitió una ordenanza que regula la convivencia en espacios públicos, estableciendo obligaciones para peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios de patinetas eléctricas (scooters eléctricos), así como para las empresas que brindan servicios de alquiler de estos últimos, y empresas de reparto de comida.

Esta norma ha sido una respuesta a la repentina aparición en las calles de scooters eléctricos que son alquilados mediante aplicativos. Es decir, una empresa ha ingresado al mercado a prestar un servicio sin autorización, utilizando de manera exclusiva el espacio público para almacenar sus vehículos y, sobre todo, generando peligro e incomodidad a quienes caminan. Ello no es una práctica aislada, muchas de las aplicaciones de transporte operan de esta forma: empiezan operaciones, se genera el problema público, y luego exigen regulación y formalización. Esto ya ha pasado con los taxis por aplicativo, por ejemplo.

La respuesta de la municipalidad ha sido apresurada, toda vez que no hay datos sobre los viajes que se realizan en scooters eléctricos, no se sabe si se trata de una solución de movilidad y, de ser así, dónde serían necesarios para conectar destinos, si se busca facilitar el último tramo del viaje realizado en transporte público o simplemente está reemplazando viajes peatonales, cosa que no es óptima desde el punto de vista del transporte activo. Adicionalmente, esta discusión pierde de vista otro hecho importante: que Miraflores cuenta con un sistema de bicicleta pública aún sin iniciar operaciones, sistema que responde a un interés público, con viajes previamente medidos, con estaciones planificadas, con cobertura mínima de servicio (y no solo donde sea rentable), y con una tarifa accesible. Si la autoridad llegase a pensar que los scooters eléctricos o bicicletas sin anclaje de alquiler pueden reemplazar el sistema de bicicleta pública, estaría en un error y tendría que replantear su visión de ciudad.

La Municipalidad de Miraflores ha explicado que la ordenanza fiscaliza solo a las actividades económicas; sin embargo, al momento de redactarla se fueron más allá e incluyeron deberes para peatones como evitar ocasionar accidentes al usar audífonos al andar. Quien camina tiene derecho a hacerlo de manera tranquila, seguro, despacio, incluso con audífonos. ¿Dónde está el foco del peligro? ¿En el peatón? ¿Cuál es el problema público? ¿Evitar atropellos? ¿Acaso las muertes por accidentes de tránsito no son causadas principalmente por el diseño vial y la conducción de automóviles? La autoridad tiene como responsabilidad reducir la velocidad de los autos, y para eso se requiere diseño vial seguro y fiscalización electrónica.

En esta ordenanza se ha impuesto mayor responsabilidad a los peatones, quienes son los más vulnerables, y no al que representa el mayor peligro en las vías. Esto se constata al ver el listado confuso de deberes y obligaciones, y no se reconocen derechos. Es necesario que se revise la ordenanza para generar una real convivencia vial.

Ojalá que esta discusión e interés por los temas de transporte nos permitan levantar la vista y darnos cuenta de los problemas de transporte de la gran mayoría de ciudadanos: aquellos que se mueven en transporte público y a pie; aquellos que al final del día, con políticas que priorizan a los autos antes que a las personas, terminan subsidiando con su tiempo y dinero los desplazamientos del resto más privilegiado.
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