Ortega y Somoza son la misma cosa, por María José Guerrero

Desde que ganó las elecciones en el 2007, Daniel Ortega, quien ya había sido dictador de Nicaragua en los años 80, lleva ya su tercer mandato consecutivo y se ha encargado de manera descarada de destruir la débil democracia e institucionalidad del país.

En el 2017, en una exhibición de desvergüenza y nepotismo, incluyó en su fórmula presidencial a su esposa, Rosario Murillo, quien desde ese año es vicepresidenta del país. Esta historia, que parece salida de un cuento de realismo mágico, ha sido sostenida en el frente externo por Venezuela y en el interno apoyada por un burdo modelo económico corporativista, basado en el clientelismo y amedrentamiento. Salvo algunas voces disidentes, el pueblo de Nicaragua mostraba hasta ahora una enorme apatía y miedo ante estos hechos.

Ante la insolvencia de las arcas del Estado, el 18 de abril el gobierno de Nicaragua decretó un paquete de reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que incrementó los aportes de trabajadores y empleadores y redujo considerablemente las pensiones de los jubilados.

La reacción ante la reforma fue espontánea e inmediata. Los estudiantes universitarios convocaron protestas cívicas y pacíficas en demanda de la revocación de medidas. La patronal nicaragüense rompió de un plumazo su osificada alianza de facto con el gobierno y, a través de un comunicado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dio a conocer su rechazo al decreto presidencial y su apoyo a las marchas estudiantiles.

La represión a las protestas por el gobierno no se hizo esperar, caracterizada por una violencia sin precedentes en la historia de Nicaragua en tiempos de paz que causó la muerte de al menos 27 personas en seis días. El 22 de abril, Ortega torció el brazo y retiró la reforma en un intento de desarticular las protestas y recuperar el statu quo.

La versión del Estado de Nicaragua ante estos hechos ha sido irrisoria; un discurso ochentoso y raído que tilda a los manifestantes de “grupos delincuenciales apoyados por la derecha” y los acusa de disparar contra sí mismos. Los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional documentaron un considerable número de casos que han sido atribuidos directamente al Estado, al que han urgido para que cese de inmediato la represión a la protesta social. Desde el 19 de abril, la criminal represión a las marchas pacíficas ha dejado un trágico saldo de más de 130 fallecidos, entre los que se cuentan jóvenes estudiantes universitarios y menores de edad.

Las protestas de la sociedad civil continúan al día de hoy, pero tienen ya poco que ver con las medidas del INSS. Por fin, luego de años de continuo abuso, Nicaragua exige desde las calles la salida de dictador Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo y el adelanto de elecciones libres y supervisadas.

El Perú se ha pronunciado mediante un comunicado de la cancillería condenando los actos de violencia en Nicaragua. Sin embargo, es necesario que se nombre directamente a los responsables de esos actos. Es el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el que debe ser responsabilizado y señalado por la comunidad internacional por su evidente vena antidemocrática y por mandar a disparar contra su pueblo.

El gobierno de Ortega traicionó el voto popular que en democracia lo llevó al poder en el 2007 y ha destruido la institucionalidad del país para quedarse. Nicaragua se encuentra en un intenso y doloroso proceso cívico para derrocar al decrépito revolucionario. Como dice una de las consignas que han surgido en el calor de las protestas: Ortega y Somoza, son la misma cosa. Y les espera el mismo destino.