Política pública: creencia o ciencia, por Fabiola León-Velarde

Un reciente proyecto de ley que se presentó en el Congreso de la República, titulado “Ley que excluye la ideología de género de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes”, evidencia que este no tuvo un asesoramiento científico riguroso antes de ser presentado.

Al sustentar dicho proyecto su autora ha conjeturado públicamente que la homosexualidad sería una enfermedad que es necesario evitar porque además estaría asociada a otras enfermedades como el cáncer y el sida.

Luego de décadas de investigación científica, en 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría suprimió a la homosexualidad del manual oficial de enfermedades mentales y emocionales. Dos años después, la Asociación Americana de Psicología hizo lo propio. Desde entonces, ambas asociaciones urgen a sus miembros a disipar el estigma de enfermedad mental que algunas personas todavía asocian con la orientación homosexual. De otro lado, ya existe un consenso científico sobre los orígenes biológicos de la homosexualidad.

Tampoco existe ninguna evidencia científica de que la homosexualidad cause cáncer o VIH. Más bien, el VIH ha sido asociado a comportamientos promiscuos sin protección, ya sea de hombres o mujeres, así como en jóvenes con adicciones, u otras poblaciones socialmente vulnerables.

Es indispensable que nuestros legisladores comprendan que debemos construir una sociedad basada en el conocimiento. El uso de la evidencia científica debe permear todos los ámbitos de la sociedad para establecer sus políticas públicas, no solo en ámbitos críticos para el desarrollo del Perú, como el ambiental, territorial, o el económico, sino principalmente en lo social.

Propuestas de ley como la mencionada, donde la “certeza” de las creencias muestra una gran brecha con la evidencia científica, nos deben conminar a acercar más a los políticos y legisladores a la cultura científica. Ambos mundos viven pensando permanentemente en la mejor manera de hacer las cosas, pero es indispensable unir estos dos mundos. No se trata de que la ciencia sea prescriptiva, pero sí debe ser políticamente relevante en todas las áreas críticas para el pensamiento y la conducta nacional.

En el siglo XX fueron las políticas en salud pública las mayores responsables del aumento de 30 años en la esperanza de vida promedio en Estados Unidos y la mayoría de estas (por ejemplo, vacunaciones o potabilización del agua) requirieron el esfuerzo combinado de científicos y abogados. Los científicos identificaron las amenazas a la salud pública y los medios para controlarlas, los abogados y los responsables de la formulación de políticas ayudaron a convertir esos descubrimientos científicos en leyes.

No hablar hoy el lenguaje de la ciencia implica estar desconectado del mundo. En países desarrollados, ciencia y política resuelven temas relacionados a nuevas tecnologías, seguridad informática o seguridad biológica, más allá de creencias o dogmas religiosos que, con todo el derecho que tienen a existir en la esfera privada, no deben afectar la formación de los ciudadanos globales que el Perú y el planeta necesitan.

La OCDE, que agrupa a 36 de los países democráticos más desarrollados del mundo, a la que el Perú aspira a integrarse, propone en “Scientific Advice for Policy Making” (2015) que sus integrantes deben definir directrices transparentes para el asesoramiento científico en el diseño de políticas públicas, por lo que se deben implementar medidas que construyan la confianza de la sociedad en la ciencia para la formulación de estas.

Por esto, desde el Concytec tenemos la certeza de que la ciencia, la política y la sociedad deben estar cada vez más estrechamente vinculadas. Es la investigación científica y social la que aportará la información y las evidencias adecuadas para poder responder y actuar frente a la superchería, las ‘certezas’ de la posverdad, las ‘fake news’ o el temor a lo desconocido.

La participación conjunta de científicos, autoridades y sociedad civil en el diseño de políticas públicas es el camino seguro hacia la producción de leyes del país que queremos ser.