(ilustración: Giovanni Tazza)
(ilustración: Giovanni Tazza)

En muchos sentidos, este ya no es el Congreso que sufrí en carne propia como ministro. El de entonces tenía una agenda condicionada, en lo esencial, por la amargura de Keiko Fujimori de haber perdido las elecciones. Así, una animadversión visceral con el gobierno de PPK marcó esa primera etapa. Si bien lograron su objetivo con su renuncia, el costo fue políticamente altísimo.

Con los mismos integrantes, el Congreso de hoy es muy diferente. En primer lugar porque la mayoría, luego de varias tandas de renuncias, “licencias”, sanciones éticas y hasta testigos protegidos, ya no lo es tanto. Asimismo, el liderazgo férreo de Keiko Fujimori, expresado primero en el chat Mototaxi y luego en La Botica está debilitado.

En este nuevo contexto, el relajamiento ético (por decirlo de una manera educada) viene siendo aun más visible. Un par de botones de muestra. Por un lado, negarse a entregar al congresista Edwin Donayre a la justicia, para que cumpla una condena consentida por robo de gasolina al Ejército Peruano, pese a reiterados requerimientos del Poder Judicial. Decisión que, por cierto, también compromete a la bancada de APP, de la que el general en retiro es miembro. Si los demás condenados en ese caso están ya en prisión, no hay argumento legal, político o moral para que el restante pueda eludir a la justicia, por el mero hecho de ser congresista. Esto no es inmunidad, sino impunidad.

El otro botón lo constituye la decisión de la Comisión de Constitución, con votos del Apra y Fuerza Popular, de eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo para los casinos y tragamonedas, que había sido incluido por el gobierno en el marco de las facultades delegadas. Cuestionable desde todo punto de vista, que una actividad de esa naturaleza reciba ese privilegio. Peor aun, complicidad con un evidente conflicto de intereses, dado que el propulsor, Miguel Torres, tiene como clientes de su estudio a una decena de esos negocios.

La situación en Fuerza Popular ha empeorado luego del referéndum. Por un lado, ya no hay la ilusión de repetir el plato en el 2021 (por más ingenua que esta hubiese sido para casi todos). Habiendo sido la gran mayoría convencidos a incorporarse, más que por ideas compartidas, por la certeza de que era una opción ganadora, han dejado ya de ser un proyecto político y, más bien, parecen pollos sin cabeza.

Para los honestos, que los hay, no queda claro hacia dónde orientar su trabajo. Para los pillos, que los hay, se abre la puerta de “compensar la pérdida”, ofreciendo su voto al mejor postor. Sea al Ejecutivo por obras que mejoren su imagen en sus regiones de origen o sumándose a la aprobación de leyes muy discutibles.

¿Cabe la posibilidad de que, sin perder su capacidad de fiscalización, este Congreso se reconvierta en uno que pueda desarrollar una agenda legislativa positiva para el país? A ratos parece imposible, porque, para empezar, las declaraciones de la congresista Rosa Bartra y, más todavía, las del vocero de la bancada fujimorista, el almirante Carlos Tubino, dan cuenta de una inmensa incomprensión de lo que los resultados del referéndum reflejan sobre su actuación política.

¿Es Daniel Salaverry una alternativa de liderazgo alternativo más sano? Más allá de mi profundo escepticismo sobre su súbita conversión, no olvidemos que el personaje es políticamente importante solo hasta el 28 de julio. No creo que pueda formar bancada propia. Puede que lo apoyen en decisiones específicas, pero en ningún caso pareciera que él vaya a reemplazar el rol que tuvo Keiko Fujimori.

Uno de los desafíos políticos más importantes para el Ejecutivo será cómo lidiar con este “nuevo” Congreso dentro del marco estricto de la Constitución. Por más barbaridades que hagan, el país deberá pagar el precio de haberlos elegido.

Ahora bien, el presidente Vizcarra tiene un arma constitucional importante, en un nuevo pedido de confianza (el que por cierto tendría grandes posibilidades de reunir los votos, dado el instinto de supervivencia de los potencialmente disueltos). Aun siendo remota la posibilidad de que no se apruebe, debiera ser una “bala de plata” que solo debería dispararse de ser estrictamente necesario, ya que nuevas elecciones parlamentarias podrían abrir una caja de Pandora que puede esconder resultados muy desagradables.