(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Alfredo Torres

Un día como hoy, hace un año, el país se despertó con la noticia de la caída del Gabinete. Fernando Zavala había planteado una cuestión de confianza en defensa de su ministra de Educación, Marilú Martens, y su política educativa y el Congreso se la negó. Concluían 14 meses de esfuerzos por parte del Ejecutivo para tender puentes con la mayoría parlamentaria. En el camino había recibido el apoyo a algunos proyectos de ley, pero también la absurda censura al ministro de Educación Jaime Saavedra –hoy jefe global de educación del Banco Mundial– e interpelaciones que habían conducido a la renuncia de varios ministros, entre ellos el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra.

Desde entonces, la dinámica política se aceleró. Tres meses después de la censura a Zavala, vino el intento de vacar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski; y al final del verano, los audios del congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani que llevaron a la renuncia de PPK y su reemplazo por el vicepresidente Martín Vizcarra. El nuevo gobernante bajó la tensión y despertó algunas expectativas, pero pronto su apoyo empezó a caer. La luna de miel no le duró ni tres meses: en junio su desaprobación ya superaba a su aprobación. Pero nuevamente aparecieron unos audios para cambiar la historia. Esta vez, los llamados audios de la vergüenza sobre la corrupción en el Poder Judicial y sus vinculaciones políticas. El presidente Vizcarra leyó bien la indignación ciudadana y tomó una serie de medidas, incluyendo la convocatoria a un referéndum en su mensaje de Fiestas Patrias. Con ello recuperó el apoyo popular.

La encuesta de El Comercio-Ipsos que se publica hoy confirma que su lectura política fue la adecuada. Su aprobación se mantiene elevada para estándares peruanos (45%) aunque frágil, ya que la desaprobación no es deleznable (44%). A su vez, sus cuatro propuestas de referéndum siguen concitando un apoyo muy amplio en la población, con cifras similares al mes pasado. La ligera diferencia que se aprecia en la comparación es por un menor grado de apoyo en el ámbito rural, que fue medido esta vez y no el mes anterior.

El Congreso debería calibrar bien la esperanza que la ciudadanía ha puesto en el referéndum. La confianza en las autoridades, que ya venía deteriorada por Lava Jato, se ha devaluado aún más con los audios de la vergüenza y la creciente sensación de que Fuerza Popular quiere impedir los cambios en la fiscalía para defender a su lideresa de las investigaciones en su contra. La encuesta al respecto es muy elocuente: si el Congreso no avanza aceleradamente con el referéndum, 79% cree que se deberían recolectar firmas y 75% estaría dispuesto a firmar a favor de su convocatoria.

Entre los especialistas existe consenso en que el referéndum sobre el Consejo Nacional de la Magistratura es más urgente que los demás y que algunos de los temas propuestos para la reforma política son muy complejos para votarlos apresuradamente. Pero lo que los congresistas deberían aquilatar es el hartazgo de la opinión pública. En alguna medida, un referéndum es un desfogue de la ira ciudadana. De no producirse, solo le dejarían a Vizcarra el camino de la cuestión de confianza para cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias.

PPK también tuvo la opción de forzar dos censuras sucesivas a su Gabinete para poder cerrar el Congreso y renovarlo. Los sectores más antifujimoristas se lo propusieron desde la censura a Saavedra hasta la caída de Zavala. Pero la gran diferencia es que entonces Keiko Fujimori contaba con una aprobación de 40% de la población y Fuerza Popular era, según todas las encuestas, la favorita para volver a ganar si se convocaban nuevas elecciones parlamentarias. Hoy, en cambio, el apoyo popular a Keiko Fujimori ha caído a la tercera parte de lo que tenía entonces, y unas elecciones anticipadas –sea parlamentarias o generales– la llevarían a una derrota segura.

Las elecciones anticipadas son el último recurso, pero son altamente riesgosas. Basta ver lo que ocurrirá en las próximas elecciones regionales y municipales para avizorar que cualquier cosa puede pasar. Del hartazgo suelen brotar líderes furibundos y demagógicos que arrasan con los políticos más sensatos. Si los temas planteados por el referéndum son muy complejos, lo más razonable es plantear una votación por temas muy generales, dejando los detalles para una legislación posterior. Si no se alcanza a convocar los cuatro temas propuestos por Vizcarra para diciembre, entonces que se voten dos de ellos en diciembre y se llegue a un acuerdo para votar los otros dos en abril. Lo que no pueden hacer los congresistas es seguir haciendo política como si nada hubiese pasado. Un referéndum no es la panacea, pero en este momento es lo que demandan los ciudadanos.