(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Alfredo Torres

La aprobación a la gestión del presidente sube de 22% a 30% este mes, según la encuesta de Ipsos-El Comercio que se publica hoy. La recuperación se debe seguramente al cambio de Gabinete, pero también al clima de unidad nacional que se vive en el país como consecuencia del buen desempeño de la selección de fútbol. En cualquier caso, un crecimiento de ocho puntos porcentuales es un buen rebote. Si bien los cambios ministeriales suelen tener un impacto favorable –aunque breve– sobre la aprobación presidencial, no siempre ha sido así. Por ejemplo, al final de los primeros gabinetes de Toledo y García, los reemplazos no impidieron que esta siguiese cayendo. Solo en el caso de Humala el segundo Gabinete generó una recuperación similar, cuando Óscar Valdés reemplazó a Salomón Lerner.

Como anticipó la encuesta de Ipsos-El Comercio, Mercedes Aráoz era la mejor opción para reemplazar a Fernando Zavala. En ese momento, el 39% decía que aprobaría su designación. Luego de sus primeras semanas en el cargo, la aprobación a su designación se ha elevado a 45%, aunque por el momento solo el 31% aprueba su desempeño. La diferencia entre ambos resultados se debe a que un sector aprueba su designación, pero no se pronuncia todavía sobre su desempeño, esperando seguramente que transcurra más tiempo para formarse una opinión.

Mientras el gobierno vivía un período de relativa calma, propio del inicio de un nuevo Gabinete, los dos principales líderes de la oposición, y Alan García, se vieron sorprendidos por pedidos de la fiscalía para abrir investigaciones contra cada uno de ellos por supuestamente dirigir sendas organizaciones criminales. Entre quienes están informados de los pedidos de la fiscalía, quien lleva la peor parte en términos de imagen es García. Para el 72%, es culpable y solo el 23% cree que es víctima de una campaña de desprestigio. En el caso de Keiko Fujimori, en cambio, las opiniones están más divididas. El 46% la cree culpable y el 44% piensa que existe una campaña de desprestigio en su contra.

La situación del fujimorismo es compleja porque en paralelo sufre las denuncias e investigaciones contra su presidenta Keiko Fujimori y su ex secretario general Joaquín Ramírez; la oposición interna de Kenji a su hermana Keiko y el proceso disciplinario que se le ha abierto a este; y la incertidumbre sobre el posible indulto a Alberto Fujimori y sus consecuencias políticas. Ello sin mencionar las inauditas declaraciones de algunos de sus congresistas como Bienvenido Ramírez, según el cual el proyecto de legalización del cannabis medicinal se debería a un lobby del narcotráfico; o de Maritza García, para quien la mujer es quien “sin querer queriendo” da la oportunidad al varón para que cometa feminicidio.

Hasta el momento, Keiko Fujimori no sufre un deterioro de su imagen porque el pueblo fujimorista –en su mayor parte de sectores populares y con bajo interés en la política– no percibe con claridad las diferencias de opinión al interior de la familia. Por ejemplo, mientras algunas personas del entorno de Keiko son partidarias de la suspensión o incluso de la expulsión de Kenji de Fuerza Popular, cuando se pregunta a los simpatizantes fujimoristas solo el 6% apoya su expulsión. En consecuencia, una sanción drástica al menor de los Fujimori sería muy perturbadora para el electorado fujimorista.

La complejidad de la situación se hace más evidente cuando se pregunta por el indulto. Muchos analistas políticos creen que Keiko no tiene mayor interés en el indulto de su padre porque peligraría su liderazgo en Fuerza Popular. Sin embargo, cuando se pregunta por el indulto en la encuesta, el 88% de los simpatizantes de Keiko se pronuncia a favor. Es decir, más allá de los cálculos políticos de la cúpula de Fuerza Popular, el pueblo fujimorista quiere el indulto, lo que pone a Keiko en una difícil encrucijada. Si su padre sale libre, pone en peligro su liderazgo político; si se pone en evidencia su reticencia al indulto, pierde el apoyo popular del que hoy goza.

En lo que sí hay más consenso es sobre lo que debería hacer Alberto Fujimori, en caso sea indultado por razones humanitarias: el 88% de la población –y 86% entre los simpatizantes fujimoristas– cree que debería pedir disculpas públicas por los delitos por los que fue condenado, lo que confirma que la gran mayoría de la población considera que el ex presidente sí cometió una serie de delitos, pero que apoyaría el indulto por razones humanitarias o por considerar que las penas que se le impusieron fueron excesivamente elevadas por razones políticas.