Temor a la investigación, por Fernando Rospigliosi

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se ha negado reiteradamente a recibir a la Comisión Lava Jato a pesar del costo político que representa mantener esa actitud intransigente. El pretexto que ha aducido es que es un circo, aludiendo a su experiencia con otra comisión del Congreso que investigaba el caso del asesor presidencial Carlos Moreno.

En realidad, se trata de una excusa con poco fundamento porque la sesión a la que se refiere fue reservada y no trascendió al público. Los circos no son secretos sino espectáculos públicos. El presidente usa esa expresión con el deliberado propósito de justificarse, apuntando a una de las características repudiables del Congreso porque, en efecto, durante este gobierno ministros y funcionarios han sido sistemática e injustificadamente maltratados públicamente. Pero ese no ha sido su caso.

Con esa negativa PPK alimenta la sospecha de que su desempeño en el caso de la carretera Interoceánica Sur, aprobada con desusada premura, festinándose procedimientos y normas al final del gobierno de Alejandro Toledo, cuando él fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, no fue claro.

No solo sus adversarios sino varios de sus aliados y partidarios lo han instado a recibir a la comisión en el entendido de que no tiene nada que ocultar y que, en el contexto del descrédito de los políticos y las instituciones, precisamente por las acusaciones de corrupción, es importante que el presidente dé el ejemplo sometiéndose a la investigación que, por lo demás, no podría afectarlo mientras sea presidente porque goza de inmunidad.

Sin embargo, PPK se ha mantenido inamovible en su decisión, mostrando una firmeza que no ha exhibido en otras circunstancias. Esto a pesar de que tiene que pagar un costo político por su proceder, dado que la oposición no está desperdiciando la ocasión de criticarlo y alimentar las dudas sobre su desempeño, en un contexto en que la desconfianza en los políticos y en los gobernantes no cesa de aumentar.

Aprovechando el surco abierto por la resistencia de PPK, Ollanta Humala y Nadine Heredia han tomado su ejemplo y se han negado a responder a comisiones investigadoras del Congreso. Y uno de sus abogados, Wilfredo Pedraza, ha repetido como justificación la misma disculpa de PPK, ellos no se van a prestar a un espectáculo, a un circo.

En este caso la incongruencia es patente. Ellos, cuando estaban en el poder, promovieron la formación de comisiones investigadoras en el Congreso, en el que tenían mayoría, para perseguir a sus adversarios políticos, que fueron vapuleados sin misericordia. Ahora no aceptan un procedimiento que también puede ser usado abusivamente, pero que se mantiene dentro de las reglas del juego democrático.

Aunque casi todos los constitucionalistas coinciden en que el presidente no está obligado a responder ante la comisión del Congreso y que tampoco podría ser acusado durante su mandato por el Caso Lava Jato (ver por ejemplo Aníbal Quiroga, “La inmunidad presidencial”, en esta página, 20/10/17), las movidas políticas podrían seguir otro camino.

Por ejemplo, de acuerdo con el semanario “Hildebrandt en sus trece”, “el plan de Fuerza Popular, según fuentes cercanas a Keiko Fujimori, es implicar al mandatario [PPK] en supuestos actos de corrupción para acusarlo constitucionalmente y lograr que el pleno del Parlamento, con mayoría fujimorista, se pronuncie sobre la ‘capacidad moral del presidente’. El objetivo es claro: la vacancia” (20/10/17).

Según esa versión, la pregunta clave que le harían a PPK, y que lo comprometería, sería: “¿usted, sus empresas o socios han prestado servicios o recibido dinero de la constructora Odebrecht en los últimos años?”.

El punto es que este tema ahora se ha convertido en el más importante entre los varios que están enturbiando nuevamente las relaciones entre el Gobierno y la oposición, que algunos candorosamente creían que darían un vuelco radical con las declaraciones de paz y amor de la nueva presidenta del Consejo de Ministros.

Lo que sí no ha cambiado, y en lo que parecen coincidir Gobierno y oposición, es en no impulsar realmente la lucha anticorrupción realizando los cambios institucionales necesarios, usando el tema solamente para obtener ventajas políticas, ya sea perjudicando a los adversarios o protegiéndose a sí mismos.