Editorial: Escasa cautela

Es probable que ningún otro juez, desde la época de los juicios a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, haya tenido un rol tan protagónico en el país como el que viene cumpliendo Richard Concepción Carhuancho.

El juez de la Sala Penal Nacional tiene a su cargo el control de las investigaciones preparatorias más emblemáticas de la actualidad, que involucran a un importante número de ex presidentes, funcionarios, empresarios y políticos de renombre en el país. Y si bien él no será el encargado de dictar sentencia en el supuesto que dichos casos pasen a etapa de juicio oral, las medidas que debe dictar durante el desarrollo de las pesquisas (desde el allanamiento de un inmueble hasta una orden de prisión preventiva) resuenan fuertemente ante la opinión pública.

Desde este Diario, hemos saludado en más de una ocasión la determinación con la que el referido magistrado ha enfrentado estos casos de alta complejidad e impacto. No obstante, sus decisiones no han estado exentas de cuestionamientos, al punto que más de una corte le ha enmendado la plana por aspectos referidos en sus fallos o su argumentación, como fue el caso de la revocación de la prisión preventiva de los empresarios de las firmas consorciadas con Odebrecht (Primera Sala Penal de Apelaciones) y la nulidad del mandato de prisión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia (Tribunal Constitucional).

Respecto a la investigación contra la ex pareja presidencial, esta se encuentra claramente justificada por el cúmulo de indicios que pesan en su contra (las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces –incluyendo a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata–, su sorprendente incremento patrimonial, los aportes no reconocidos al Partido Nacionalista, las anotaciones en las agendas de Nadine Heredia, y un largo etcétera) y que están profusamente detallados en varias de las resoluciones del juez Concepción Carhuancho. Sin embargo, donde suele marrar este mismo magistrado es en sustentar la necesidad, urgencia y proporcionalidad de las medidas limitativas que dicta.

Precisamente, una de las últimas resoluciones judiciales que ha generado mayor controversia tiene que ver con la incautación de una serie de bienes de la ex pareja presidencial, incluyendo la vivienda donde ellos y sus hijos residían. Una decisión adoptada esta semana, a los pocos días de que Humala y Heredia fueran excarcelados por mandato del Tribunal Constitucional.

Son, puntualmente, dos los aspectos que se critican de la resolución del juez Concepción Carhuancho y, creemos, con asidero. En primer lugar, la necesidad de incautar los inmuebles de quienes aún mantienen la condición de investigados y no condenados. Pues aun si se considerase probable que dichas viviendas se hubieran adquirido con dinero de origen ilícito y que en una eventual sentencia se dictaría su despojo, no se comprende por qué resultaba insuficiente la inscripción registral del embargo, lo que hubiera impedido que los investigados pudieran transferir dichos bienes. ¿Acaso con la publicidad que otorga Registros Públicos y la exposición del caso y sus protagonistas, estos últimos hubieran podido deshacerse efectivamente de sus bienes?

Por otro lado, el inmediato desalojo de la vivienda, con un despliegue policial bastante llamativo, sin haberse previsto un plazo razonable para su ejecución, también deja una sensación de desmesura. Más aun si se toma en cuenta que el propio juez Concepción Carhuancho admitió luego el pedido para suspender la desposesión durante 30 días, considerando la afectación que esta podría producir en los menores hijos de Humala y Heredia. Si bien es cierto que esta suspensión fue luego dejada sin efecto –porque ya se había culminado con la incautación–, cabría preguntarse si no hubiera sido prudente que se estableciera de antemano un plazo razonable para cumplirla y evitar así las suspicacias de un supuesto ensañamiento que luego surgieron.

El problema resultante y que parece aún no haber advertido el juez Concepción Carhuancho es que este ejercicio menoscaba ante la opinión pública la legitimidad de un proceso judicial que, por la cantidad de pruebas que lo sustentan, no debería estar en entredicho. Sobre todo frente a una ex pareja presidencial que aprovecha estas idas y venidas para presentarse como perseguidos de un sistema injusto.