Editorial: Ni cruzados ni renegados

En aproximadamente tres semanas, el Parlamento debe elegir a la Mesa Directiva que regirá sus destinos por un año y, como siempre que ese trance se acerca, los cálculos y cubileteos en relación con su nueva conformación están a la orden del día. La incógnita central es si Fuerza Popular (FP) con su holgada –pero ya no absoluta– mayoría logrará recuperar el control del Legislativo o si una eventual entente del archipiélago de bancadas minoritarias podrá ganarle la mano en una ajustada votación.

Un tercer escenario posible es el de una lista integrada, pero no encabezada, por el fujimorismo y compartida por los grupos que no han hecho de su exclusión una cuestión de principio: una opción que luce aritméticamente razonable, pero políticamente improbable.

En cualquier caso, lo relevante para la ciudadanía es cuál de esas figuras ofrecería, por lo menos en teoría, un mejor trabajo parlamentario, pues, aunque no puede participar directamente de la elección, las encuestas revelan qué tan insatisfecha está con el desempeño de la actual representación nacional.

En ese sentido, hacer un balance de la gestión de Daniel Salaverry puede resultar esclarecedor, pues si bien se trata de alguien que accedió a la presidencia del Congreso gracias a sus servicios como un ferviente soldado del fujimorismo, la verdad es que luego ejerció el cargo como un apóstata de esa misma causa.

Como se recuerda, Salaverry fue, en efecto, designado por FP cabeza de lista para la Mesa Directiva tras haber fungido de vocero y espolón de la bancada en los dos intentos de vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Una vez elegido, sin embargo, se ocupó de desactivar varios de los despropósitos que había dejado a su paso por la presidencia su antecesor, Luis Galarreta.

Así, canceló la compra de electrodomésticos por S/254.000 para varios despachos parlamentarios, ‘aceptó’ la renuncia del cuestionado Walter Jibaja como jefe de Seguridad del Legislativo y le solicitó a la Contraloría que designase al jefe de la Oficina de Control Interno del Congreso.

Se mostró, además, a favor de que se revisase la ley Mulder, que prohibía la publicidad estatal en medios privados y que finalmente fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional (TC). Y autorizó asimismo a la Oficialía Mayor a registrar la inscripción de las nuevas bancadas que se formaron al amparo de otra sentencia del TC.

Todas esas decisiones lo fueron alejando aceleradamente de sus antiguos correligionarios, y la inicial licencia que pidió a poco de haber llegado a la presidencia del Parlamento se convirtió pronto en renuncia a la bancada.

Con olfato político, se colocó también discretamente del lado del gobierno en lo tocante a la reforma del sistema de justicia y así, mientras su aprobación conocía un cierto ascenso en las encuestas, dio la impresión de no haber sido uno de los derrotados con el resultado del referéndum de fines del año pasado.

Con el paso de los meses, y pensando tal vez en una reelección, trató de marcar algunas distancias con el Ejecutivo; sobre todo en lo que concernía a hacer respetar los fueros del Legislativo. Pero para entonces ya un feo asunto relacionado con información falsa consignada en sus informes de semana de representación empezaba a afectar su imagen. Ahora, un informe de la Comisión de Ética sobre el particular –impulsado y respaldado en ese grupo de trabajo por el fujimorismo– recomienda suspenderlo en sus funciones congresales por 120 días y, aunque todavía no ha sido visto en el pleno, parece haber liquidado sus posibilidades de repetir el plato.

La moraleja de lo observado a lo largo de este año, pues, es que lo ideal para la Mesa Directiva que debe instalarse a fin de mes es una administración que esté equidistante de los cruzados y los renegados. Es decir, que su trabajo no gire en torno a la confrontación o al apoyo con determinado grupo, sino más bien que escape de las rencillas políticas para encomendarse a las reformas que el país requiere.
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