(Foto: Hugo Pérez/Congreso).
(Foto: Hugo Pérez/Congreso).
Editorial El Comercio

Ayer el diario “Exitosa” colocó en primera página un titular que quería ser una denuncia. “Hijo de ministra en Beca 18”, se leía en rojo sobre blanco. Y en el titular de la nota interior que supuestamente daba sustento a la portada fueron más allá. “Ministra hizo postular a su hijo en el programa Beca 18”, escribieron.

La información en letras de molde parecía indicar que la titular de Educación había intentado aprovecharse de su posición para pedir un beneficio estatal destinado a gente de escasos recursos y no con un ingreso familiar de 62.500 soles mensuales (la suma de lo que percibían ella y su esposo en el momento en que fue solicitada la beca). Y que, además, los “trabajadores que destaparon [la] burda maniobra fueron despedidos”.

Al leer la letra menuda, sin embargo –y sobre todo al contrastar los hechos con la verdad–, la presunta denuncia perdía toda sustancia. En síntesis, resulta que el joven aspiró a la beca Presidente de la República (que está dirigida a alumnos de posgrado) y no a Beca 18 (dirigida a alumnos de pregrado); que cuando lo hizo –en el 2014–, su madre era asesora y no ministra o viceministra del sector Educación (por lo que no existía impedimento alguno para postular al beneficio) y él tenía ya 26 años: una edad a la que difícilmente la señora Martens podría haberlo ‘hecho postular’ a nada. Y por último, que los funcionarios del Pronabec que en ese entonces negaron la beca y ahora –más de tres años después– fueron licenciados (junto con muchos otros) tendrían que haber sido objeto de una represalia que inverosímilmente le habría demorado materializar a la ministra más de siete meses, que es el tiempo que lleva en el cargo.

Como se ve, una combinación de datos falsos e información tendenciosa por la que tendrá que responder seguramente el referido medio frente a lectores y eventuales perjudicados. Lo que nos mueve a comentar editorialmente la ligera ‘denuncia’, sin embargo, no es eso, sino la reacción que ella ha provocado en un puñado de congresistas que, sin tomarse el trabajo de hacer una mínima verificación de la veracidad de lo consignado en el diario, se apresuraron a lanzar condenas a la funcionaria.

Desde el fujimorismo, por ejemplo, la legisladora Paloma Noceda, designada por para presidir la Comisión de Educación en el período 2017-2018, ha adelantado que esta citará a la ministra Martens para evaluar “cómo ha sido la distribución de las becas de Pronabec”. “Esto está hecho para personas de escasos recursos, entonces sí habría sido inadecuado que la ministra presentara esa solicitud para su hijo”. El parlamentario , por su parte, ha sentenciado que la funcionaria al “permitir que su hijo postule a la beca les quita posibilidad a [los] pobres” y que “eso es inmoral”, mientras que la representante Tamar Arimborgo se ha preguntado retóricamente: “¿No sabía los requisitos para postular a la Beca 18?”. Y remata: “¡Este es el tipo de personas que aún mantiene en el gobierno!”.

La congresista naranja que más lejos ha ido, no obstante, ha sido Alejandra Aramayo, quien pide ya la renuncia de la señora Martens, “porque una persona que actúa como la han denunciado no tiene ninguna capacidad moral para estar al frente del Ministerio de Educación”.

Pasando a otras bancadas, encontramos también al legislador de Acción Popular Yonhy Lescano, quien en su cuenta de Twitter anotó: “Si es cierta esta grave denuncia, [la] ministra debe renunciar o tendría que ser interpelada en el Congreso”. Una muestra de su disposición siempre vigilante… Pero antes de ponerse a barajar sanciones, ¿no habría sido mejor cerciorase de que la condición que planteaba se cumplía?

Y lo mismo cabe decir sobre el parlamentario independiente Roberto Vieira (“Lo primero que les corresponde [...] a los funcionarios, es actuar con ética. Lamentablemente, la ministra no ha actuado así”) y algunos otros que, preocupantemente, cultivan esta suerte de censura preventiva, desvirtuando el poder fiscalizador que la ciudadanía les ha entregado.