Editorial:El que grita también va al Congreso

Que en una democracia deben existir canales de diálogo adecuados entre las autoridades y los ciudadanos a los que representan es un principio incontrovertible. Igual de evidente, sin embargo, es la imposibilidad de que el Estado pueda desglosarse para atender eficazmente los incontables pedidos que pueden tener cada uno de sus habitantes. Precisamente por ello es que existen canales institucionales para escuchar los clamores ciudadanos y evitar que una conversación devenga en un griterío, y que solo se escuche a quienes exclaman más fuerte.

Por eso mismo, hace unos días advertimos en esta página lo irresponsable que había sido el presidente Kuczynski al plantear una reunión en Palacio de Gobierno con ciertos representantes de los maestros que se encuentran en huelga, ajenos al gremio oficialmente reconocido como portavoz a nivel nacional (el Sutep) y con el que el Ministerio de Educación había llegado a coincidencias para la mejora de las condiciones del profesorado. Más aun, cuando ello implicaba en la práctica desoír a su propia ministra de Educación, Marilú Martens (quien había dado un ultimátum para que los profesores regresaran a las aulas, bajo advertencia de descontarles por los días no trabajados y, eventualmente, despedirlos), y al titular del Interior, Carlos Basombrío (quien había alertado sobre la presencia de infiltrados de grupos radicales en las protestas).

Pero si el gobierno dejó abierta una ventana –con acciones como firmar un acuerdo con el dirigente del Suter Cusco, Ernesto Meza Tica, a quien días atrás había denunciado por actos contra la seguridad y la tranquilidad públicas–, ayer el Congreso abrió el portón de par en par.

En efecto, eso hicieron los parlamentarios Wilbert Rozas (Frente Amplio) y Marisa Glave (Nuevo Perú) al facilitar el ingreso al Palacio Legislativo de un grupo de maestros que dicen no sentirse representados por el Sutep y que, por tanto, desconocen los acuerdos a los que se llegó con dicho organismo. Una vez adentro, confiados en la legitimidad que les había otorgado este reconocimiento, el grupo autodenominado Comité Nacional de Lucha y liderado por Pedro Castillo Terrones –quien, según fuentes del Ejecutivo estaría vinculado al Conare-Movadef, aunque él lo ha negado– procedió a instalarse en la entrada de la Comisión de Educación, en la que se encontraba la ministra Martens, y luego a emitir arengas para exigir su ingreso a la sala.

El hecho, además, ocurrió poco después de que el congresista Rozas –en un inusual accionar que más parecía un desesperado intento por captar la atención de las cámaras– saliera del Congreso y forcejeara con agentes de la Policía Nacional para impedir el arresto de un manifestante.

Los legisladores de Fuerza Popular tampoco se quedaron atrás. Durante la mañana, por ejemplo, la congresista Cecilia Chacón afirmó que el presidente Kuczynski debía dialogar con “todas las partes”, incluyendo a los “radicales”. “O recibes a todos o no recibes a ninguno”, recalcó. Similar línea había trazado su colega de bancada Úrsula Letona, cuando declaró en la víspera que, a su juicio, el Ejecutivo estaba “discriminando a los maestros”.

A ellas se sumó el vocero alterno de la bancada naranja, Héctor Becerril, quien ayer también recibió a Castillo y luego apareció junto a él en una conferencia de prensa para exhortar al presidente a que reciba “a la mayoría de los dirigentes de todas las regiones”. Mayoría que, es de suponer, conformaban aquellos dirigentes que lo flanqueaban en los pasillos del Congreso y entre los que se encontraban, además de Castillo, el señor Édgar Tello Montes, quien, según fuentes de inteligencia, integra las filas del Conare-Movadef.

Lo paradójico de que el miembro de un grupo que, cuando intentó su inscripción en el JNE, identificaba el ‘pensamiento Gonzalo’ como su canon ideológico pueda aparecer en cámaras junto con un conspicuo representante del movimiento político que se atribuye la liquidación del terrorismo trasluce un mensaje tan contundente como penoso: que a ciertos miembros del fujimorismo no les importa con quién asociarse mientras ello les permita asestar unos golpes al Ejecutivo.

Como mencionamos al inicio, el diálogo es, y debe ser siempre, el enlace entre los reclamos de los ciudadanos y las autoridades. Sin embargo, al saltarse las vías institucionales, este pierde su capacidad para separar el trigo de la paja y permite así que la violencia o intereses políticos oscuros (y hasta algunos antidemocráticos) tengan cabida. La irresponsabilidad mostrada ayer por el Congreso ha ratificado que, lamentablemente, en el Perú el que grita puede llegar hasta donde quiera.