Editorial: Reflejos en falso

¿Para qué existe un gobierno? La respuesta a la pregunta es compleja y podría llenar volúmenes de texto. Entre las múltiples aproximaciones de réplica, un gobierno existe para garantizar reglas mínimas de convivencia en comunidad, para generar un orden justo que permita a sus ciudadanos prosperar, para evitar abusos de cualquier índole, vengan de donde vengan.

Si ese es el rol principal de cualquier gobierno, decimos con pesar que de un tiempo a esta parte el nuestro parece haber abdicado de su función. No nos tomamos esta afirmación a la ligera, sino que es consecuencia de una inaceptable secuencia de decisiones que demuestran poco interés por hacer valer el Estado de derecho y los valores democráticos básicos frente a cualquier protesta con la suficiente fuerza para bloquear una carretera o tomar una plaza de armas.

El último ejemplo de la abdicación es el increíble retroceso en el incremento tarifario de agua y saneamiento en la provincia Mariscal Nieto en Moquegua ante una reducida protesta social. Como se sabe, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) liderada por César Villanueva anunció que había “coordinado” con el directorio de Sunass para anular la resolución que establecía las nuevas tarifas, con lo que parecía cargarse de un porrazo la autonomía de un organismo regulador eminentemente técnico. “Para que [la Sunass] tenga que entender que no se puede aplicar la ley por aplicarla”, concluyó Villanueva en involuntario arranque de sinceridad. Ante la resistencia del regulador, finalmente se mantuvo la vigencia de su resolución, pero anulando su efecto sobre los usuarios vía trasferencias de la caja fiscal a la EPS Moquegua. Es decir, ha sido el Ejecutivo el que realmente ha decidido cuánto se pagará por el agua. La consecuencia es clara: un pequeño grupo que no desea pagar lo que el regulador considera adecuado le enmienda la plana al gobierno e impone los costos de su consumo al resto de contribuyentes.

Desmanejo ha sido también lo que prometió el primer ministro al anunciar, en unas atarantadas declaraciones este miércoles, que, ante un paro de transportistas de carga pesada en La Libertad y Piura, los funcionarios del Ejecutivo “estarán atentos” a revisar “cada uno” de los “peajes que tengan que ver con la circulación pública”. A falta de detalles –y ante una PCM que prefirió no responder a la solicitud de información de este Diario– no queda claro si las declaraciones del primer ministro fueron hechas ‘solo’ a la ligera o si podemos esperar acciones concretas pronto. En todo caso, sus palabras ya están teniendo repercusiones: ayer la Confiep expresó su “profunda preocupación por el posible desamparo de la institucionalidad regulatoria y afectación de la estabilidad jurídica”. Efectivamente, preocupa que quienes se perjudicarían por la decisión ya no serían solamente los contribuyentes que eventualmente pagarán por traslados ajenos, sino tal vez incluso todo el sistema de concesiones que descansa sobre la presunción de que el Estado honrará los términos de los acuerdos que suscribió al margen de las presiones. “Somos un gobierno que tiene reflejos rápidos a los problemas”, alardeó curiosamente al respecto el primer ministro Villanueva.

El patrón general del nuevo gobierno es entonces el mismo que el que forzó la renuncia del fugaz ministro de Producción Daniel Córdova: ante la presión, ceder. Y no importa si se cede sabiendo que no es lo “correcto”.

Un patrón, más aun, que –aunque sin duda no con igual viada– hemos visto ya en varios gobiernos. Por solo dar un ejemplo reciente, los últimos meses de Kuczynski fuimos testigos de la compra de los excedentes de papa ante la caída de precio. La historia se repite hace años, con los casos de reacciones sobre políticas educativas, decisiones sobre patrimonio cultural, más peajes, el papel de Petro-Perú en la explotación petrolera… La lista es interminable.

¿Cómo quedan en este contexto las instituciones llamadas a defender la institucionalidad del país? ¿Dónde está la posición firme del Ministerio de Economía y Finanzas oponiéndose a estos sinsentidos? ¿Las cortes? ¿Y la labor de fiscalización del Congreso? La democracia no puede ser secuestrada por grupos de presión con altavoces y llantas encendidas.

Lo que es peor, no será sorprendente que el mismo estilo de ‘negociación’ sea repetido en el resto del país por cualquier sector que se sienta perjudicado por alguna medida. Después de todo, da resultados rápidos, como los reflejos.

Para tener credibilidad, el gobierno no puede permitir transgresiones flagrantes al Estado de derecho. No se trata de ‘criminalizar la protesta social’, se trata de hacer valer también los derechos del resto de peruanos y los canales institucionales legítimos. La grave preocupación que existe hoy es que el Perú salió hace poco de un gobierno con demasiada debilidad para plantear reformas al modelo político y económico para entrar a uno que ni siquiera intenta defenderlo.