Editorial: ¿Y ahora qué?

Ayer, asumiendo las consecuencias de una situación que se había tornado insostenible, renunciaron a sus cargos el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y lo integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez (quien lo presidía) e Iván Noguera (que ya estaba suspendido en sus funciones). Sus renuncias vinieron a sumarse a las de los consejeros Guido Aguila y Julio Gutiérrez, producidas algunos días antes, en la estela de la conmoción que provocaron los audios en los que se los escucha negociar favores y colocaciones de jueces y fiscales.

Los tres miembros del CNM que se sostienen en sus puestos –Baltazar Morales, Maritza Aragón y Herbert Marcelo– muy probablemente serán hoy removidos por el Congreso.

Si agregamos a esta lista de alejamientos forzados el del ahora ex ministro de Justicia Salvador Heresi, encontramos que, a excepción de la Fiscalía de la Nación, toda la plana mayor del sistema de justicia del país ha sido removida en solo una semana.

Está por verse, además, cómo se desenvolverá la situación en el Ministerio Público luego de que anoche se revelara un audio entre el suspendido juez supremo César Hinostroza y el magistrado Pedro Gonzalo Chávarry, quien a la luz de estos nuevos hechos debería evaluar si es lo más conveniente para el país que asuma una investidura tan importante como la Fiscalía de la Nación.

Las separaciones, desde luego, se tenían que dar pues, como decíamos ayer a propósito de la conveniencia de que el señor Duberlí Rodríguez diera el paso que finalmente ha dado, ninguna reforma del sistema judicial es verosímil conservando a esos actores en su interior. Pero, en la medida en que las funciones que han quedado por el momento sin responsables son indispensables para el normal desenvolvimiento de la administración de justicia en el país, el espacio de incertidumbre que se ha abierto es vasto.

¿Qué sigue? ¿Qué es lo que se puede y debe hacer para salir de este delicado trance sin alterar el marco institucional?

Pues bien, la primera certeza a la que podemos asirnos es la de que, con todas estas salidas, el rol de la comisión de la reforma del sistema judicial nombrada por el Ejecutivo se convierte en determinante. La renovación de estos cargos ofrece un momento propicio para implementar todas las recomendaciones que esta entregue el 28 de julio, tanto en lo que concierne al CNM como en lo que toca a los demás órganos del sistema.

El nuevo ministro de Justicia, cuya designación no puede esperar mucho más, una vez nombrado, debe empoderar a la referida comisión y ayudar a implementar sus recomendaciones. Su labor fundamental consistirá en articular con el Congreso cualquier proyecto de ley que surja a partir del informe elaborado por ella.

Por otra parte, al nuevo fiscal de la Nación le corresponderá asegurar que todo lo avanzado por Pablo Sánchez siga adelante. Esto es asegurar que las investigaciones de Lava Jato lleguen a buen puerto y fortalecer la transparencia en torno a estos casos. Tarea que parece más difícil de alcanzar si Chávarry termina liderando la institución ante los cuestionamientos que deberá afrontar frente a la opinión pública y –probablemente– el Parlamento.

En lo que se refiere al próximo presidente del Poder Judicial, cuya elección tampoco puede dilatarse, su primera tarea será la de levantar la guardia contra la corrupción: una obligación en la que, según propia confesión, falló Duberlí Rodríguez. Mejorar el control interno de la judicatura para fiscalizar la labor de los magistrados a lo largo y ancho del país resulta insoslayable a partir de este momento para que nunca más la distracción o la atención que demandan otras funciones sean esgrimidas como excusa de no haber visto la corrupción que se estaba devorando –y seguramente todavía continúa haciéndolo– toda la estructura del Poder Judicial. Y, mutatis mutandis, lo mismo debe ocurrir en el Ministerio Público.

Otros retos y obstáculos irán apareciendo sin duda conforme se vayan dando los primeros pasos de esta reforma, y habrá que discutir la mejor manera de enfrentarlos; siempre de manera expeditiva y dentro del marco constitucional, claro está.

Pero mientras esos desafíos surgen, esta apretada lista de medidas parece un buen punto de partida para la ardua travesía que nos aguarda.