Editorial:Ruleta sancionadora

La bancada de Fuerza Popular hizo ayer noticia por dos circunstancias semejantes pero no iguales. En ambos casos se trató de medidas de sanción a integrantes de ese equipo parlamentario, pero la forma en que estas fueron materializadas y comunicadas a la opinión pública fue contrastante.

Nos referimos, desde luego, a los 120 días de suspensión en los derechos partidarios que se le impuso a la congresista Yesenia Ponce y a la provocada renuncia de la legisladora Maritza García a la presidencia de la Comisión de la Mujer y Familia.

La primera, como se recuerda, enfrenta serios problemas por las dudas que han generado las contradicciones entre lo que consignó en su hoja de vida sobre su educación escolar y lo que luego se ha sabido al respecto por informaciones periodísticas, así como por la posibilidad –todavía en investigación– de que haya realizado pagos a autoridades de un colegio en el que ella afirma haberse graduado.

No ha sido esa, sin embargo, la razón de la mencionada sanción, sino el hecho de que, a través de un audio divulgado un mes atrás, se conoció que ella había afirmado en una reunión privada que Keiko Fujimori le ordenó ‘guardar’ la iniciativa para reactivar el proyecto de irrigación Chinecas, que beneficiaría a su región (Áncash) por razones políticas. Es decir, hasta que el fujimorismo fuese gobierno y pudiese sacarlo adelante con los réditos que eso le rendiría.

En medio de la tormenta política, Ponce se presentó ante la prensa para declarar que había “faltado a la verdad” y para pedir perdón a su lideresa. Pero eso no fue suficiente y ayer la vocera alterna de la bancada naranja, Milagros Salazar, aclaró expresamente que la suspensión obedecía a ese motivo.

En el segundo caso, en cambio, la sanción se tradujo en el anuncio de que los miembros de FP en la Comisión de la Mujer no apoyarían a la parlamentaria Maritza García en su intención de conservar la presidencia de la misma tras haber sentenciado que, con ciertas expresiones, las mujeres podían “exacerbar los ánimos de una persona normal” y dar “la oportunidad al varón” para que cometa actos de violencia.

Sobre el particular, la misma Milagros Salazar fue menos directa. “[Ella] no ha asumido lo que le hemos solicitado”, dijo en alusión a la demanda de varios legisladores fujimoristas de que dejara la presidencia de la comisión. Y agregó que en la siguiente sesión de esta, FP ‘daría su posición’. “Nos toca votar para que ella se retire de la presidencia”, señaló.

Llaman la atención, por otra parte, las palabras del otro vocero de la bancada mayoritaria, Héctor Becerril, tras la forzada renuncia. “Lamentablemente, en política los errores se pagan”, dijo. Y añadió: “Su renuncia es positiva y eso hay que resaltarlo”.

A la primera integrante de la bancada, en suma, se la castiga de manera explícita y efectiva, no porque habría mentido en su hoja de vida, sino por haber afectado la imagen de la lideresa del partido. Mientras que a la segunda, se la induce simplemente a dejar un cargo –conservando todos sus derechos dentro del equipo parlamentario intactos– y casi se lamenta tener que hacerlo…

Si a esto agregamos la consistencia más bien difusa de los ‘cargos imputados’ al congresista Kenji Fujimori –principalmente artículos publicados en la prensa y mensajes vía tuit– para llevarlo a un segundo proceso disciplinario interno que debe cumplirse en los próximos días, la sensación que queda es la de que un cierto azar preside los criterios sancionadores en Fuerza Popular. O, por lo menos, parece presidirlos.

Porque la otra opción es que esto no sea producto de una ruleta sin lógica alguna, sino más bien la expresión minuciosa de un sistema de valores que considera graves las faltas a la autoridad partidaria; y las que ofenden a la ciudadanía en general, ‘peccata minuta’. Y eso sí que mostraría a la bancada fujimorista bajo una luz preocupante.