Editorial: La tonada equivocada

El Gabinete que lidera el presidente Vizcarra no siempre ha funcionado como una orquesta armónica en la que cada ministro cumple un papel diferente pero la sinfonía es una sola. El público desacuerdo del director de orquesta, el primer ministro Villanueva, con su primer ministro de Economía, David Tuesta, respecto de asuntos tributarios, por ejemplo, fue la primera desafinada.

Pero quizá la más notoria –por lo extendido de la disonancia– fue la que sostuvieron, de un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por el ministro Carlos Oliva, y, de otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), encabezado por el ex ministro Christian Sánchez. Como se recuerda, mientras desde del MEF se defendía una posición de fortalecimiento de la formalidad laboral a través, en parte, del combate a las rigideces del actual sistema (por ejemplo, a partir de la extensión de la Ley de Promoción Agraria), en el MTPE no se aceptaba que dichas rigideces o los sobrecostos laborales fueran materia de preocupación. Por el contrario, las inspecciones laborales tomaban prioridad como estrategia para combatir la informalidad.

Se esperaba que esta falta de coordinación hubiera llegado a su fin con la renuncia del ex ministro Sánchez a inicios de diciembre. Se tendría entonces un MTPE alineado con las políticas de mayor flexibilidad que se querían promover desde el MEF y que esbozó el presidente Vizcarra durante su aparición en CADE 2018. Las últimas declaraciones de Sylvia Cáceres, reemplazo de Sánchez al frente del MTPE, sin embargo, parecen negar tal alineación.

Según comentó la ministra Cáceres en un evento la semana pasada, la cartera que lidera pondrá “especial énfasis en contrarrestar la informalidad laboral, que afecta a cientos de miles de peruanos” y que para ello incrementará los esfuerzos para que los derechos de los trabajadores sean respetados, las empresas lleven adecuadamente sus gestiones de personal, y se logre enfrentar de manera firme el problema de la informalidad. Sus anteriores declaraciones van en la misma línea.

Por supuesto, no hay nada de malo con las inspecciones laborales –que además en ciertos sectores deben ser fortalecidas–: después de todo, más de un quinto de los trabajadores informales no se desempeña en el sector informal. Sin embargo, volver a colocar la prioridad del MTPE sobre este grupo de trabajadores y sobre las empresas formales que ya cumplen con una maraña complicada y onerosa de regulaciones y sobrecostos es descaminado. La gran informalidad, esa que no cumple con ningún estándar de trabajo decente, no se combate con inspecciones sino con un sistema laboral que haga más atractiva la contratación formal y que el MTPE debería ayudar a diseñar e implementar. Pero hasta ahora eso no ha sido catalogado como prioridad.

Si la prioridad, sin embargo, es no desafinar, y el MTPE seguirá con la misma tonada, la otra opción es que el MEF se adecúe al compás. Eso parece ser, aunque sea parcialmente, lo que ha sucedido con la recientemente publicada Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Mientras que el borrador de dicho documento reconocía la rigidez laboral como un problema importante y la mencionaba 16 veces, la versión final del plan solo la alude en dos ocasiones. La ‘socialización’ de cualquier medida laboral a través del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) es otro tema que ha ganado prioridad, a pesar de lo disfuncional que ello pueda resultar para tomar las acciones que se requieren en el mercado de trabajo.

Nadie puede decir que una buena coordinación entre los miembros del Gabinete no es bienvenida e importante. La preocupación es que estén tocando armoniosamente la tonada equivocada.