Editorial:Tres pistas

Anteanoche, el programa “Cuarto poder” presentó un destape que compromete al actual contralor general de la República, Edgar Alarcón, en posibles acciones irregulares, pero que no se agota en ello. Lo revelado por el espacio periodístico plantea en realidad inquietantes incógnitas a tres niveles, y cada una de ellas debe ser despejada por la salud política del país.

Concretamente, nos referimos, primero, a los hechos que motivaron la denuncia original del auditor Walter Grados Aliaga con relación a Alarcón; luego, al intento de este último por persuadir al denunciante de que desistiese de su empeño; y por último, al pasmo que sufrió el espinoso asunto durante muchos meses en el Congreso.

Como ahora se sabe, en agosto del año pasado Grados remitió una denuncia a la titular del Congreso, Luz Salgado, en la que señalaba que entre el 2012 y el 2015 Alarcón compró nueve vehículos por más de US$182.500 para luego venderlos. El problema es que, por un lado, Alarcón no declaró esas adquisiciones y que, por otro, su cargo –entonces ostentaba el de vicecontralor de la República– le impedía realizar actividades lucrativas, según estipula la Ley 27785.

A ello, además, se sumó una segunda denuncia por haber liquidado sustanciosamente a una trabajadora cesada en el 2010 con S/127.000 (más otros S/100.000 por viáticos), cuando su sueldo había sido de S/3.350 mensuales.

Enterado de la denuncia, en setiembre del 2016, Alarcón citó entonces a Grados para sugerirle que retirase las imputaciones, alegando que él podría presentarle sus descargos de manera personal. “Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. […] Por la amistad que tenemos te digo, piénsalo”, lo requirió. Un gesto desconcertante, tanto por el pedido que entraña como por la selección de palabras para, supuestamente, tranquilizar a quien las está escuchando…

Finalmente, el proceder del Congreso y sus diversas bancadas en este asunto también resulta llamativo. Primero porque, apenas se recibió la denuncia, esta fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, algo que habría tenido sentido si los cuestionamientos hubiesen estado vinculados a la gestión de Alarcón como contralor (ya que, como tal, se halla blindado constitucionalmente frente a investigaciones). Pero dado que los hechos se suscitaron cuando se desempeñaba en cargos de menor rango, era previsible que dicha subcomisión desestimase la acusación. ¿Por qué, entonces, no se la derivó a la Comisión de Fiscalización directamente?

Más llamativo aún, no obstante, es que una vez que la denuncia fue desestimada por el referido grupo de trabajo, el tema quedó en un limbo, sin que fuera reorientado a donde correspondía o siquiera mencionado. Nadie lo retomó hasta este domingo.

Conocida esta secuencia de hechos, la reacción del contralor Alarcón ha sido preocupante. Lejos de aclarar la compra de vehículos o su intento de convencer al auditor Grados de que dejase de cumplir con su deber, ha tratado de asociar la divulgación de la información incómoda para él con algún tipo de represalia por el informe presentado por su institución sobre el contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero y su adenda.

En el fondo, pues, estamos ante un socorrido libreto de las figuras públicas pilladas en falta: el de arroparse con la coartada de que hay un ‘interés político’ en la denuncia contra ellas para evitar responder los cuestionamientos que les tocan.

Nadie, sin embargo, es tan ingenuo como para creer que no se puede dar respuesta a estos tres niveles de interrogantes, mientras se continúa con las investigaciones sobre los problemas e irregularidades que pudieran presentar el contrato entre el Estado y el consorcio Kuntur Wasi, y su adenda. Estamos esperando.