Editorial: Que Vuelvan a Casa

Entre todas las tragedias personales, quizá no haya otra que sea tan difícil de sobrellevar como la pérdida de un hijo. Y cuando la desgracia hubiera podido ser evitada con un trabajo más diligente por parte de las autoridades públicas, la sensación que queda es de una profunda decepción y frustración por la ausencia del servicio más básico que debe brindar cualquier Estado: la protección efectiva de los más débiles.

Desde estas páginas hemos cuestionado anteriormente la llamada regulación anecdótica –aquella que no se basa en un problema sistemático, sino que nace de la popularización e indignación mediática por un caso particular, confundiendo lo general con lo específico–. Hay ocasiones, sin embargo, en las que hechos concretos desencadenan la demanda por políticas públicas justificadas y que llevan años pendientes. La trágica muerte de la niña Jimena, en San Juan de Lurigancho, es uno de estos hechos.

Para proteger a los menores –que, como mencionábamos, es una de sus funciones más básicas– el Estado tiene que estar en la capacidad de reaccionar rápidamente. Los expertos y la evidencia apuntan que las primeras horas de desaparición son las más importantes –sobre todo las tres primeras–. Luego de ello el desenlace más trágico puede ya haber ocurrido.

Por ello, varios países cuentan con sistemas de notificación temprana. Uno de estos es la Alerta Amber, que difunde información lo antes posible a través de distintos medios (SMS, Internet, radio, televisión, etc.) sobre menores desaparecidos y detalles que pueden ayudar a encontrarlos. Este sistema se encuentra presente en países como Alemania, Costa Rica, España, Estados Unidos, México y Ecuador. A esto se le suman iniciativas de alerta del sector privado que cuentan con alcance masivo como Waze, WhatsApp, Twitter y Facebook.

En el Perú, el avance al respecto ha sido inexcusablemente lento. Las denuncias por desaparición de menores tardan entre dos y tres días en difundirse a través de las redes del Ministerio del Interior. En el 2011 se aprobó la Ley 29685 –también llamada Ley Brunito, en recuerdo del niño de 11 años con dificultades de comprensión y comunicación que fue arrollado por un tren de carga luego de perderse–, que buscó que los padres de un menor no tengan que esperar 24 horas desde la desaparición para presentar una denuncia. Sin embargo, siete años después, esta ley aún carece de reglamento.

Lo anterior es un problema porque, además de dificultar su aplicación, es este reglamento el que debería establecer que la Alerta Amber se tenga que aplicar en nuestro país e indicar cuáles serán sus características. Como se preguntó ayer el experto Luis Enrique Aguilar en El Comercio: “¿La alerta será emitida para todos los casos de desaparición de personas comprendidos en la ley? ¿Las empresas privadas estarán obligadas a difundir la alerta o será una iniciativa voluntaria? ¿Qué información y características tendrá la alerta? ¿Podrá oponerse la familia a la difusión de la alerta? ¿Quién autorizará finalmente su emisión? ¿Cuánto tiempo tendrá la autoridad para decidir emitir la alerta? ¿Contamos con la tecnología necesaria?”.

Consultado por este Diario respecto a la reglamentación de la Ley Brunito, el ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que el documento estará listo a mediados de este mes. Ante la pregunta sobre el motivo del retraso, el titular de la cartera indicó que “en el Perú hay muchas leyes que necesitan reglamentarse”. La consecuencia de esta displicencia acumulada por años es que muchas dependencias policiales siguen exigiendo una espera de un día tras la desaparición antes de tomar acciones, y que aún no existe un mecanismo de acción social coordinado para enfrentar el problema cuando aún hay tiempo para hacerlo.

Para ayudar en este esfuerzo, El Comercio inició recientemente la campaña Que Vuelvan a Casa, a través de la cual el Diario se compromete a difundir las notas de alerta enviadas por la policía sobre niños y jóvenes desaparecidos en apoyo a la Policía Nacional. Diversas entidades privadas se han sumado ya a la iniciativa y desde aquí invitamos a otras, tanto públicas como privadas, a unirse.

El sector público, y en particular la policía, tiene el rol protagónico en la búsqueda de personas desaparecidas y en peligro, pero ciertamente la sociedad civil tiene también un papel fundamental que jugar. Dejar a un solo menor en peligro es una falla gravísima del sistema. Hacer menos de todo lo posible para encontrarlo a salvo es inaceptable.