Editorial: ‘Déjà vu’

Ayer, el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. La medida, adoptada tras el pedido del fiscal José Domingo Pérez, se da en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el Equipo Especial Lava Jato frente a las acusaciones de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal que se le imputan al otrora mandatario, vinculadas al caso Odebrecht.

Como se sabe, Pedro Pablo Kuczynski es el tercer ex presidente de la República al que se le dicta prisión preventiva por lavado de activos desde que en el 2016 salieran a la luz los supuestos aportes y coimas de la empresa Odebrecht a varios personajes políticos de nuestro país, tanto durante sus campañas electorales como ya en el ejercicio de sus funciones. Y como hemos dicho anteriormente, solicitar este tipo de acciones restrictivas es facultad del Ministerio Público cuando considera que los ciudadanos a los que investiga pueden tratar de evadir la justicia.

Sin embargo, lo cierto es que en el transcurso de las indagaciones por el Caso Lava Jato, medidas como la detención preliminar y la prisión preventiva, que por su naturaleza deberían ser excepcionales –pues significan la supresión de la libertad de los individuos sin una sentencia judicial firme–, han sido utilizadas más como una regla. Decisiones de este tipo sugerirían que, en los procesos en los que se han empleado, la fiscalía considera que tiene los insumos suficientes para proceder prontamente a la fase acusatoria.

Al repasar los hechos, no obstante, este no parece ser el caso. Recordemos, si no, la prisión preventiva otorgada al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, la cual fue revertida por un fallo del Tribunal Constitucional en el 2018 luego de que pasaran 9 meses sin que el Ministerio Público formule una acusación formal en su contra. La conclusión de la fase indagatoria, anunciada por el fiscal Germán Juárez en enero de este año, aún no ha llevado al inicio del juicio oral.

Mientras tanto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori –que al igual que a Kuczynski se le dio tres años– va seis meses en prisión sin que se hayan dado muestras de avances concretos en las investigaciones frente a los crímenes que se le atribuyen. Una circunstancia que llama la atención cuando se recuerda que el juez Richard Concepción, quien ejecutó esta medida, mencionó durante la sustentación de su resolución que este podía considerarse como un ‘minijuicio’; lo cual en su momento se interpretó como un indicador de que las pruebas manejadas por la fiscalía estaban encaminadas.

Nada de esto, por supuesto, emite juicio alguno sobre la inocencia o culpabilidad de los mencionados. Esa es una tarea que le compete a la justicia… y por eso mismo, es importante recordar que el Ministerio Público tiene la obligación de dotar de legitimidad los procesos que conduce. Para ello es fundamental que, por cada acción que toman, puedan mostrar resultados que comprueben que han servido para la búsqueda de la verdad y, posteriormente, para la impartición de justicia. Más aun en este último episodio: en cuanto a Pedro Pablo Kuczynski, existían otras opciones sobre la mesa, como la comparecencia restringida y el arresto domiciliario, medidas que algunos expertos consultados por este Diario consideraban aplicables al caso.

Así las cosas, el hecho de que dichas autoridades hayan colocado a varios de sus investigados en prisión preventiva, privándolos de su libertad sin que hayan sido condenados, demanda que las acusaciones formales sean planteadas con la mayor celeridad posible. Esto con el fin de resguardar la presunción de inocencia y, sobre todo, demostrar que sus acciones tienen asidero. Los ciudadanos estamos a la espera de esos resultados.
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