(Foto: archivo El Comercio)
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Fernando Cáceres Freyre

El ruido político-judicial con el que estamos conviviendo, aunque necesario para luchar contra la corrupción y refundar nuestras instituciones, no debe impedirnos atender otros serios problemas que –también– afectan al país. Más aún si ese ruido tiene para rato, considerando que las investigaciones fiscales se ampliarán a más organizaciones políticas.

Uno de esos problemas es el desarrollo del mercado de trabajo, donde si bien hay grandes divergencias ideológicas, también hay coincidencias que el Ejecutivo debería aprovechar. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en la necesidad de buscar que los venezolanos se coloquen en posiciones donde nos falta el capital humano que ellos traen.

Hoy enfrentamos un importante déficit laboral. Nos faltan 200.000 tecnólogos (Tecsup, 2016) y 25.000 médicos, sobre todo en el interior del país (Federación Médica Peruana, 2016), y también escasean ingenieros capacitados para sectores extractivos (EY, 2015).

De otro lado, cerca de la mitad de los migrantes llaneros tendría título, maestría o doctorado (Migraciones, 2018), pero hay diversos cuellos de botella sobre los que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ejecutivo deberían actuar para que estas personas puedan desplegar todo su talento, y no sigan alimentando nuestro trágico subempleo e informalidad.

Primero. Del medio millón de migrantes, solo cerca de 2.000 profesionales ha logrado acreditar sus estudios en la Sunedu. Se trata de médicos e ingenieros que necesitamos, pero que todavía no pueden ejercer por carecer de colegiatura, a pesar de que esta no aporta en nada a su calidad profesional.

Segundo. Para los tecnólogos migrantes una alternativa es recurrir al programa Impulsa Perú del MTPE, que permite a quienes no completaron sus estudios, e imagino también a quienes no pueden demostrarlo, acreditar su conocimiento, para que el Estado les otorgue un título con valor de mercado (diseño de modas, tratamiento de aguas residuales, etc.). Pero esto ni está difundido entre venezolanos ni se aplica a profesionales.

Tercero. A diferencia de su par chileno, el gobierno no ha realizado un programa de reubicación de profesionales y tecnólogos venezolanos alrededor de las distintas regiones del país. El 87% está concentrado en Lima, y esto potencia los problemas sociales.

La falta de liderazgo nos está llevando a desperdiciar talento requerido por nuestros sectores privado y público. Y muchos migrantes calificados innecesariamente están restando puestos de trabajo a las personas más pobres y menos calificadas, cuando deberían estar asignados a posiciones más valiosas.

Esta es una situación que puede seguir generando narrativas xenófobas, que como hemos visto en Estados Unidos y Brasil, y en cierto modo con Belmont en la campaña municipal, conllevan el peligro de hacer girar todo el debate político. Mantengamos la lucha contra la corrupción en su sitio, que es muy importante, pero no por priorizar lo urgente dejemos de prestarle atención a lo importante.