¿Vale la pena el sacrificio, presidente?, por Fernando Cáceres Freyre

Cuando Martín Vizcarra anunció el 28 de julio del 2018 que presentaría un paquete de reformas institucionales y del sistema de justicia, el presidente pareció –tras meses de cambios de opinión e incertidumbres– por fin haber adoptado una postura firme para resolver problemas graves del país.

Y cuando, poco después, su gobierno planteó un pedido de confianza y anunció una reforma política –esa que debatimos hasta hace unos días–, Vizcarra pareció confirmar esa decisión: el objetivo principal de su gobierno sería luchar contra la corrupción y la política informal a través de una ambiciosa reforma institucional, política y judicial.

Por eso, por más audaz y constitucional que haya sido el mensaje de Vizcarra de este año, no deja de ser una pena que adelantar las elecciones generales al 2020 implicaría, en la práctica, abandonar ese camino reformista. No solo porque la reforma política quedaría en ‘stand by’ (por más esfuerzos del Congreso por apurar el proceso, si decide aprobarlo, hay cosas que no se podrían poner en práctica, como las primarias abiertas), sino también porque el camino que venía siguiendo parecía, mal que bien, venir funcionando.

Durante este año, Vizcarra planteó proyectos de reforma y, cuando el Congreso quiso ignorarlos o ‘deformarlos’, su gobierno planteó cuestiones de confianza. Esta fórmula siempre obligó al Congreso, que mantuvo cierta discreción a actuar rápidamente.

Así, contra todo pronóstico, la semana pasada se aprobaron los seis proyectos de reforma política y, si bien uno de ellos no respetó la ‘esencia’, el resto implica avances significativos, pero se puede mejorar. ¿No hubiese sido mejor que, en lugar de cambiar de camino, Vizcarra hubiese insistido en el reformista hasta el 2021, de modo que los cambios apliquen en la próxima elección? Si no, nos condena a cinco años de una política que no será mejor.

Por ejemplo, hubiese podido insistir en una fórmula alternativa para reducir la inmunidad parlamentaria (como la propuesta por Contribuyentes por Respeto) o en eliminar el voto preferencial. Cierto que el Congreso podría haberse negado y forzarlo entonces a plantear una cuestión de confianza, pero eso también es posible ahora. Y optar por cerrar el Congreso es una posibilidad igual de extrema y peligrosa en ambos casos.

La posibilidad de forzar este nuevo camino por el que ha optado Vizcarra (“que se vayan todos”) a través de su renuncia, seguida por la de la vicepresidenta, tampoco parece viable, ya que en ese caso asumiría el cargo el presidente del Congreso para llamar a elecciones solo presidenciales (o al menos entraríamos en ese debate). Eso sin contar que el antifujimorismo difícilmente le perdonaría a Vizcarra dejar como presidente por unos meses a Pedro Olaechea, por lo que es difícil que lo haga.

La propuesta del presidente ha sido audaz, qué duda cabe. ¿Pero de verdad vale la pena el sacrificio, presidente?
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