Arequipa: aumento de remuneraciones de alcalde de Islay y regidores sería ilegal
Arequipa: aumento de remuneraciones de alcalde de Islay y regidores sería ilegal
Zenaida Condori

En la primera sesión de consejo municipal que realizaron los nuevos regidores de la provincia de Islay, región , decidieron por mayoría incrementar el sueldo del alcalde, de S/4.500 a S/5.850, así como las dietas de los regidores, de S/1.000 a S/1.755. Los concejales tomaron esta decisión porque un informe de asesoría legal sostenía que el reajuste del salario era viable, ya que el número de habitantes de la provincia se había incrementado.

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No obstante, de manera inmediata, el Órgano de Control Institucional (OCI) realizó el requerimiento de información sobre los argumentos legales que motivaron a los regidores a aprobar el aumento. Al no obtener respuesta enviaron una reiteración. Ante el silencio, el pasado 16 de enero el órgano de control comunicó las disposiciones prohibitivas existentes relacionadas al incremento.

Al no tener una respuesta, este lunes la Contraloría General notificó mediante oficio (N° 042-2019-OCI-MPI) al alcalde provincial de Islay, Edgar Augusto Rivera Cervera, sobre el inicio de un control simultáneo respecto al incremento de la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores.

El documento es una advertencia. Señala que, de efectuarse el desembolso de la remuneración del alcalde y la dieta a los regidores (con el incremento), constituiría un acto ilegal que ocasionaría un perjuicio económico a la Municipalidad Provincial de Islay, por el monto correspondiente a la remuneración y las dietas.

El gerente regional de Control de Arequipa, Alberto Arteaga, recalcó que está prohibido que las autoridades puedan incrementarse los sueldos. “Los incrementos de sueldo para las autoridades solo se realizan mediante Decreto Supremo del Consejo de Ministros, y como el Decreto Supremo no se ha dado, toda intensión de subirse o incrementarse el sueldo es inviable”, agregó.

En razón a ello, la Contraloría exigió a la autoridad edil que en un plazo de tres días valore los riesgos y disponga las acciones que estime pertinentes para corregirse.

El Comercio intentó comunicarse con la autoridad edil, quien a través de su personal de confianza indicó que no dará declaraciones sobre el tema y que responderá el oficio de la Contraloría.

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