Identifican perjuicio económico de más de S/83 millones en obras en Huancavelica

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de más de S/83 millones en obras ejecutadas por entidades públicas en la región Huancavelica. Así lo informó el contralor general Nelson Shack durante su jornada de supervisión y control en esta región.

Este hecho fue advertido a través de auditorias de cumplimiento ejecutadas entre los años 2016 y 2018 por la Contraloría, en 19 entidades públicas de Huancavelica, determinándose la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de funcionarios públicos.

Entre los casos identificados, se encuentra el colapso del pabellón de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, con un perjuicio económico superior a los S/5 millones, así como irregularidades en el mejoramiento del sistema de riego en Ancoquichca (Huaytará), en donde se ha determinado un perjuicio de S/60 mil.

Las irregularidades identificadas en el periodo 2016-2018 comprenden a distintas entidades, como el gobierno regional, las municipalidades provinciales de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Tayacaja, Huaytará, Churcampa, así como los municipios distritales de Yauli, Salcahuasi, Arma, Pilpichaca, Paucará, Congalla, Colcabamba, Hospital Regional Zacarías Correa, la Dirección Regional de Educación, la Gerencia Subregional de Huaytará y la Universidad Nacional de Huancavelica.

Un denominador común en los casos mencionados es que las irregularidades se presentan principalmente en los procesos de selección. La Contraloría indicó que aplicará sanciones administrativas por medio de su Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).

También precisó que ha remitido los informes de auditoría a su Procuraduría Pública para el inicio de los procesos judiciales respectivos de tipo civil y penal. También informó que a la fecha ha emitido 39 sanciones administrativas a 36 funcionarios públicos de Huancavelica (tres tienen 2 sanciones).

Otro aspecto observado por la Contraloría es la existencia de obras públicas que se encuentran inconclusas debido a arbitrajes entre las entidades ejecutoras y empresas contratistas.

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