Crean la Secretaría de Integridad Pública en la PCM

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó un decreto supremo que establece medidas en materia de integridad pública, con el objeto de orientar la correcta y eficiente actuación de los servidores públicos y diversas entidades.

Dicho decreto tiene como finalidad establecer medidas contribuir al cumplimiento de las políticas en materia de integridad pública, como parte de las acciones de prevención y lucha contra la corrupción para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno.

Entre los principios que rigen la integridad pública para prevenir y luchar contra la corrupción está la transparencia en la gestión gubernamental, a través de mecanismos que faciliten el acceso a la información pública.

Se enumeran, por ejemplo, los mecanismos e instrumentos que promueven la integridad pública como: los lineamientos para elaboración de informes de rendición de cuentas; el registro de gestión de intereses; la guía para el manejo de gestión de intereses; los lineamientos para la gestión de conflictos de intereses.

En el artículo 6 del mencionado decreto, se establece la fusión del órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Presidencia del Consejo de Ministros

“Toda referencia normativa a las competencias, funciones y atribuciones que viene ejerciendo el órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, una vez concluido el proceso de fusión, se entiende como efectuada a la Secretaría de Integridad Pública a la que se refiere el artículo 8”, menciona el decreto.

También se crea la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros, como órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Así como de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riegos de la corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha contra la corrupción.

(Fuente: Andina)

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