(Elaboración: El Comercio)
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Karem Barboza Quiroz

La movilización magisterial en demanda de mejoras salariales pasó esta semana de las calles al interior del Congreso de la República. Sin embargo, algunos de sus dirigentes han sido cuestionados luego de que el Ejecutivo y fuentes de inteligencia los vincularan con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (), grupo de fachada de Sendero Luminoso.

Desde el surgimiento de esta agrupación, en setiembre del 2009, la policía y la fiscalía han sostenido que el Movadef constituye el brazo legal de la organización terrorista.

Las cabezas del Movadef, los abogados Alfredo Crespo Bragayrac, Manuel Fajardo Cravero y otros, responden a las directivas de los cabecillas terroristas Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre, según un informe de inteligencia de la Dircote.

En palabras del ex presidente de la Sala Penal Antiterrorismo Marcos Ibazeta, el Movadef “nace con la finalidad de eliminar el logo de Sendero Luminoso porque la lucha armada ya no era una opción para llegar poder [...]. Ahora, estos frentes pueden llegar al poder ingresando a la lucha política, vía los procesos electorales”, comentó.

(Elaboración: El Comercio)
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—Tras sus pasos—
Hasta el momento, ninguna de las investigaciones relacionadas al Movadef seguidas por el Ministerio Público –sea por delito de apología o pertenencia a una organización terrorista– ha tenido eco en el Poder Judicial.

Actualmente, en las fiscalías supraprovinciales existen 23 investigaciones abiertas a dirigentes o integrantes de este movimiento.

El caso más importante por el delito de apología es el relacionado a la publicación del “Periódico Marxista Leninista Maoísta Amnistía General” en el 2010. La fiscalía ya formalizó una acusación y ha solicitado 12 años de cárcel para los dirigentes del Movadef.

Por el delito de filiación al terrorismo está la investigación por la operación Perseo (2014). Pese a que el caso ya tiene tres años, la fiscalía aún no formaliza acusación.

Según el procurador para delitos de terrorismo, Milko Ruiz, la demora en las investigaciones sobre apología del terrorismo se debe a diversos factores, entre ellos la complejidad de los casos y la alta carga de trabajo que tienen los magistrados.

“Se necesitan hacer muchos actos de investigación, además los fiscales y jueces extienden demasiado los plazos y eso demora las investigaciones”, explicó.

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