Justicia o el juego del gran bonetón, por Mávila Huertas

El próximo jueves 26 de abril, el Tribunal Constitucional decidirá si revoca la prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. Ambos son investigados por el fiscal Germán Juárez Atoche por presuntamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para el financiamiento de la campaña presidencial del Partido Nacionalista. Si la decisión es favorable para la pareja, será un duro revés para la fiscalía.

Aunque el fiscal coordinador de las fiscalías de lavado de activos insista en aclarar que la decisión del TC no versa sobre la inocencia o culpabilidad de la pareja, en prisión desde el 13 de julio del 2017, el Ministerio Público no ha podido, luego de más de ocho meses, formular acusación contra los implicados. Esto a pesar de que fuentes de primera mano aseguraban que esta estaría lista a fines de diciembre como máximo.

Es cierto que fue una decisión del Poder Judicial la que llevó a los Humala a prisión. Pero fue la fiscalía la que solicitó su detención, alegando un posible peligro de fuga y un entorpecimiento para las investigaciones si permanecían en libertad. La pregunta es ¿y hasta ahora no han podido al menos garantizar el buen desarrollo de dichas pesquisas? Los plazos se siguen dilatando. Mientras se anuncia el interrogatorio a otros dos funcionarios de la constructora brasileña, Luiz Mameri y Fernando Migliaccio, precisamente cuando el TC tiene previsto reunirse.

Podemos entender la complejidad de un presunto caso de lavado de activos, pero la sensación general más allá de cualquier explicación es que los fiscales no han sido eficientes.

Los ciudadanos seguimos conmocionados por la noticia de la liberación de los cabecillas senderistas Osmán Morote y Margot Liendo. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, ni la fiscalía ni la procuraduría interpusieron recurso alguno contra el arresto domiciliario que cumplirán ahora los terroristas considerados autores mediatos de la matanza de 117 comuneros de Soras, en Ayacucho, y del atentado terrorista de la calle Tarata ocurrido en 1992.

Probablemente, no sea “razonable” desde una perspectiva legal procesal comparar ambos casos. Pero quienes no somos abogados, fiscales o jueces, ante la falta de explicaciones convincentes, sentimos que en el Perú la justicia no funciona. ¿Hay vacíos legales que no se corrigen? ¿Escaso personal capacitado y comprometido? ¿O la culpa es de las presiones políticas o la corrupción?

A pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó el embargo preventivo de la vivienda de los esposos Humala para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado por un delito que –valgan verdades– todavía no se ha comprobado que hayan cometido. Sin embargo, terroristas recientemente liberados le deben al Estado reparaciones millonarias que –sabemos– nunca van a pagar. ¿Vamos a seguir jugando al gran bonetón? O trabajamos de forma coordinada, efectiva, cumpliendo plazos o la justicia en el Perú tocará fondo pronto… eso si ya no lo tocamos.

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