Luciano Mariz: "Liquidar a Odebrecht en Brasil no es determinante para nosotros"

Desde el 18 de septiembre, Luciano Mariz es el segundo funcionario de más alta jerarquía en el Ministerio Público brasileño. Tiene el cargo de viceprocurador general de la República. Fue nombrado por Raquel Dodge, la flamante procuradora general que ya ha hecho historia en su país al ser la primera mujer en alcanzar ese puesto en la fiscalía. 

Mariz estuvo en Lima hace unas semanas, invitado por la fiscalía peruana para la Convención de Fiscales y Procuradores Generales. Ahí pudo contar cuáles fueron los factores que han hecho hoy de su país uno de los ejemplos de la lucha anticorrupción en el continente.

-Desde Perú vemos con cierta preocupación si la llegada de Raquel Dodge a la fiscalía significará un cambio en el intercambio de información (cooperación internacional) de Brasil a Perú en el Caso Odebrecht.
​La procuradora general ha tenido una actuación muy firme en la lucha contra la corrupción de Brasil. Ha sido responsable de casos en que se desplazaron a gobernadores por actos de corrupción. Su compromiso con la búsqueda de la verdad sigue siendo el mismo.

-Pero lo dice a nivel de Brasil, ¿qué podemos esperar de la procuradora Dodge en el ámbito internacional?
Lo que quiero decir es que toda su actuación guarda coherencia. No tiene un doble discurso. La preocupación que tiene la doctora Dodge en combatir la corrupción también se da en cómo ayudar a los países de la región. No hay razón o base para temer un cambio de comportamiento con relación a cómo se trata la cooperación internacional con otros países, como el Perú.

-Entonces, asegura que las relaciones de Brasil y Perú en el Caso Odebrecht seguirán por buen camino. 
Sí, al igual que todos los países con los que tenemos relaciones diplomáticas. Estamos juntos en la lucha contra la corrupción. Brasil tiene un compromiso muy claro de actuar dentro de nuestra ley en cooperación con las fiscalías de la región y de otras partes del mundo.

-El mes pasado se supo que Odebrecht entregó un nuevo paquete de documentación a la fiscalía brasileña. ¿Cuándo Perú estará contando con esta información? 
La procuradora general ha asumido su cargo hace algunas semanas, al igual que yo. La doctora aún no tiene conocimiento de la situación de Perú. Lo que sé es que bajo la ley brasileña, los tratados que tiene Brasil respecto a la cooperación con los países vecinos es que primero se tiene que respetar una clausula, una regla, para que no se pueda compartir las pruebas dadas por un plazo de seis meses.

-¿Es lo que va a pasar con esta nueva información entregada por Odebrecht? ¿Tendrán que pasar seis meses  para que recién sean compartidas?
He tomado conocimiento de esta nueva información acá, en Lima, por usted. Vine al evento a compartir otras experiencias. No tengo información que pueden ser de interés para el pueblo de Perú.

¿Por qué en Brasil permiten que empresas como Odebrecht sigan operando pese a que han reconocido haber pagado sobornos a múltiples funcionarios públicos y políticos?
Lo que ocurre es que cuando se tiene crímenes de orden económico los perjuicios que generan son también financieros. Y ante este tipo de escándalos, de corrupción, por ejemplo, una medida importante es la recuperación de los activos. Y para recuperar los activos a veces existe la necesidad de que las actividades lícitas de la empresa, que son necesarias en una sociedad, pueden continuar. Incluso para que tengan la posibilidad de pagar las deudas que se les ha impuesto.

De ocurrir eso en Perú sería rechazado ampliamente por los sectores políticos. ¿Por qué en Brasil actúan así?
​Lo que se tiene en Brasil es un marco normativo que dice que la criminalidad de los empresarios, los crímenes de cuello blanco, como se dice, no son fáciles de comprobar. Y por ello, son necesarios los acuerdos de leniencia y de colaboración eficaz, para que los que han reconocido delitos puedan entregar las pruebas y de alguna manera devolver el dinero que obtuvieron en perjuicio de la sociedad.

-En otras palabras, para ustedes no es prioritario liquidar comercialmente a Odebrecht.
No es algo determinante para nosotros. Lo más importante es garantizar la posibilidad de pago de la empresa con actividades lícitas para recuperar los activos. Y eso es válido no solo para Brasil sino también para todos los países donde actúen. 

-Aquí, en Perú, en cambio, el gobierno dice que la empresa Odebrecht debe ser expulsada, mientras que la fiscalía, en paralelo, negocia la entrega de más información. Un escenario diferente al brasileño.
Es importante que las autoridades gubernamentales y la fiscalía puedan hacer un análisis mejor de la situación. No solo referente a la empresa brasileña Odebrecht, sino a cómo desean tratar a las instituciones que practican corrupción. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Es posible hacer algo diferente? ¿O solo se debe destruir a la empresa? Es una respuesta que solamente puede darla el pueblo y el gobierno de Perú. En Brasil la respuesta fue que es mejor que la cultura de la corrupción y la impunidad deba ser modificada por una cultura de respeto a la ley. Darle una oportunidad a las empresas para que actúen bajo la ley y que devuelvan los activos desviados.  ​

-Perú aún no consigue fijar una reparación civil para Odebrecht. Sin embargo, ustedes lo hicieron en unos dos meses o menos. ¿Por qué a nosotros nos cuesta más?
​En mi ponencia dije que en Brasil nosotros venimos luchando contra la corrupción desde hace mucho tiempo. Hace 25 años tuvimos un presidente que renunció a su cargo por deshonesto. También hemos tenido muchas otras acciones contra gobernadores que no están más en sus mandatos. Y también desde hace 25 años a la actualidad hemos tenido dos tratados internacionales importantes: la convención contra la corrupción de la OEA y el de las Naciones Unidas. Cumpliendo las obligaciones de esos tratados, Brasil hizo cambios de su legislación para permitir los acuerdos de leniencia y de colaboración eficaz. Se hizo una reforma institucional, una reforma normativa interna y también una capacitación para que los fiscales tengan un mejor conocimiento de cómo operan estas organizaciones criminales. 

-¿Quiere decir que la investigación Lava Jato es el resultado de esos 25 años de reforma institucional?
La gran revolución, es verdad, ocurrió hace cuatro años. Coincidió con la investigación de Lava Jato. Los fiscales que estaban en Curitiba tuvieron la oportunidad de participar de entrenamiento, capacitación, maestrías en Estados Unidos sobre delitos financieros, etc. 

-¿Ve, entonces, que es necesaria una decisión institucional para que otros países puedan replicar lo hecho en Brasil? 
Y también un dominio de las nuevas tecnologías. Ponerlas al servicio de las investigaciones. Todo lo que ha pasado es una construcción, una política institucional de inversión de la Fiscalía Federal de Brasil.