Nadie sabe para quién trabaja, la columna de Fernando Tuesta

La aprobación del alcalde Luis Castañeda nunca estuvo tan baja. El número de limeños que desaprueba su gestión duplica a quienes la aprueban. Las cada vez más continuas denuncias de supuestas sobrevaloraciones de proyectos, grietas en obras recientemente inauguradas, problemas en la reforma del transporte, entre otros, estarían impactando seriamente en la evaluación de los ciudadanos sobre su gestión.

Hasta hace algún tiempo, algunos colectivos ciudadanos creían posible la activación de la revocatoria para deshacerse del alcalde de Lima, a quien responsabilizan del deterioro de la ciudad. No obstante, las reformas promulgadas a fines de 2015 hacen menos probable una segunda consulta popular en la capital.

La revocatoria es un mecanismo con el que se cuestiona a la autoridad y se intenta interrumpir su período de mandato. Sin embargo, la realidad peruana muestra que un número importante de revocatorias fueron impulsadas por candidatos perdedores o por personas cuyos negocios eran afectados, cuando no disputas locales. Además, el objetivo mayoritario de los revocadores era que se convocaran nuevas elecciones municipales para ganar allí donde no pudieron en los comicios ordinarios, convirtiéndose ese mecanismo en un incentivo perverso.

Esto hizo que el Perú se convirtiera en el país con mayor número de revocatorias en el mundo. Se descabezaron e inmovilizaron municipios a lo largo de 20 años de vigencia de ese mecanismo de democracia directa.

Ante eso, se cuestionó el modelo peruano y se logró modificar la ley: calendario fijo (adquisición de kits, convocatoria, padrón electoral y fecha del proceso electoral) homogenización del porcentaje de firmas de adherentes y, sobre todo, eliminación de las nuevas elecciones municipales.

Las consecuencias las hemos visto ahora. Hace unas semanas, en 27 distritos del país hubo consultas de revocatoria de 89 autoridades. De ellas, 54 fueron revocadas, es decir, un poco más del 60% de alcaldes y regidores tuvieron que dejar sus cargos antes de culminar sus períodos. Como en anteriores ocasiones, la mayoría de esos distritos se ubica en zonas rurales, con menos de 5.000 electores y son considerados distritos pobres o extremadamente pobres.

La diferencia radica en que esta última consulta popular registró un número significativamente menor en relación con procesos anteriores. La reforma tuvo un efecto directo sobre el número de kits vendidos, el tiempo de recolección y validación de firmas de adherentes, la convocatoria y, finalmente, en el número de alcaldes revocados.

Contra lo que se argumentó en su momento, la modificación de la ley no favoreció a la alcaldesa Villarán. Muy por el contrario, indirectamente, el mayor beneficiado ha sido Castañeda, hoy cuestionado y con altos porcentajes de desaprobación. Si antes se exigían 400.000 firmas de adherentes, ahora se pide el 25% del padrón, como en el resto del país, lo que significa más de un millón setecientas mil firmas, más de cuatro veces lo exigido para revocar a Villarán. Luis Castañeda, el imbatible candidato y altamente aprobado alcalde limeño, estaría seguramente acechado, como ocurrió con su antecesora, si la norma no se hubiera modificado.

Pero no se trata de que lo que ayer fue bueno hoy no lo es, y viceversa. La agrietada gestión municipal actual no solo ha dejado de producir ilusión, sino que sus obras ya no hablan bien del alcalde. Si bien ya no hay reelección, puede resultarle también un beneficio, pues a estas alturas el castigo en las urnas sería inapelable.

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