El ex presidente Ollanta Humala ha sido señalado como el ‘Capitán Carlos’, quien fue jefe de la base militar de Madre Mía en la década del 90 y fue acusado de asesinatos. (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)
El ex presidente Ollanta Humala ha sido señalado como el ‘Capitán Carlos’, quien fue jefe de la base militar de Madre Mía en la década del 90 y fue acusado de asesinatos. (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)
Graciela Villasís Rojas

Unidad de Investigación de El Comercio

El fiscal , quien durante seis años ocultó los audios que mostraban la presunta compra de testigos del Caso Madre Mía, intentó, en plena investigación, destruir todas las evidencias que involucraban al ahora ex presidente , tal como se desprende de varios documentos a los que accedió El Comercio. Guzmán obtuvo ese material como consecuencia de las interceptaciones telefónicas legales realizadas al cabecilla senderista Florindo Flores Hala ‘Artemio’.

Guzmán Baca estuvo inscrito como afiliado válido del Partido Nacionalista, en el padrón de marzo de 2012, según lo registró la página Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones.

El 26 de setiembre del 2011, el fiscal envió un oficio a la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas del Perú (Divines) solicitando que se elimine ese material. Según el documento, Guzmán requiere al Departamento Técnico Judicial de la Divines que “efectúe la destrucción de las actas que no tengan que ver o que no estén relacionadas con los ilícitos o materia de investigación […]”. Las pesquisas a las que el fiscal hace referencia –en el documento– estaban relacionadas con el denominado operativo Crepúsculo en el Alto Huallaga, cuyo objetivo era la captura del último cabecilla de Sendero Luminoso en libertad: ‘Artemio’.



—Los hechos—
El 15 de agosto del 2011, a través de otro oficio, Guzmán deja en evidencia que sí tenía conocimiento sobre la existencia de audios que comprometían a Humala cuando solicita a la policía que se separen esas grabaciones en un CD. Dice el documento: “Disponer que la Divines de la PNP, mediante la Sala Técnica Judicial, realice una nueva grabación de los audios de las comunicaciones consideradas útiles y pertinentes, en un CD las comunicaciones relacionados con el caso llamado Crepúsculo (Alto Huallaga); y en otro CD, las que correspondan a las actas de transcripción relacionadas con presuntos actos de compra de testigos”.

El 22 de setiembre de ese año, la Divines responde al fiscal y le pide precisiones sobre los audios que serían destruidos.

Al día siguiente, Guzmán le respondió a la policía que, si bien algunas de esas grabaciones estaban vinculadas con el Caso Madre Mía, no eran materia de su investigación. “Con respecto a los datos de archivo de audio de comunicación N° 02 del acta N° 001/56-a-03-11, es necesario precisar que se ha tomado conocimiento de que esta guarda relación con la presunta compra de testigos detallada por la autoridad policial. En el mismo sentido, con respecto a los datos de archivo de audio de comunicación N° 02 del acta N° 002/56-a-04-11, resulta evidente que tampoco está relacionado con los hechos que se investigan, siendo ello así corresponde la destrucción de ambos datos de archivo de audio de comunicación”, señala el documento.

Documento de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial.
Documento de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial.

El pedido del fiscal Guzmán Baca no se ejecutó, indicaron a este Diario tres oficiales de la policía que participaron en la captura de ‘Artemio’. Ellos también señalaron que, por más que un fiscal pida que se destruya una grabación telefónica legal, existe una copia de respaldo en el sistema Constelación.

Documento de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial.
Documento de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial.

Para el abogado penalista Mario Amoretti, ese material debió ser trasladado a otro fiscal. “Si hay hechos que revisten gravedad en cuanto a indicios de la comisión de un hecho delictivo, eso no puede ser destruido, sino enviado a otra fiscalía para que haga las investigaciones del caso”, señaló.

—La respuesta de Guzmán—
En diálogo con El Comercio, el fiscal Marco Guzmán –quien fue separado por este caso y luego retornó al Ministerio Público gracias a una reconsideración que admitió el desactivado CNM– respondió: “Mire, cuando hay una cosa así, cuando hay una destrucción, todo se hace formalmente, con presencia fiscal, con presencia de las autoridades, del abogado defensor, nada puede hacerse así nomás. Este oficio de repente tiene algún error de tipeo, de repente tiene esa interpretación, pero en sí yo nunca he ordenado que se destruya nada de la fuente principal, sino del cuadernillo que estábamos armando […] porque en el expediente que se está armando para llevar al juez no puede haber cosas ajenas, cosas que no tienen que ver con el caso”.

El abogado de Ollanta Humala, Julio Espinoza, señaló que la Ley 27697, que regula la interceptación de las comunicaciones, establece que las grabaciones que no tienen relación con el hecho investigado tienen que ser desechadas.

—Recibió denuncia de Heredia—
El 9 de diciembre del 2015, la entonces primera dama, Nadine Heredia, presentó una denuncia por robo agravado de sus agendas ante el despacho del fiscal Marco Guzmán Baca. En ese momento, el magistrado estaba al frente de la Fiscalía Provincial Penal 29 de Lima.

Actualmente, Guzmán despacha en la Fiscalía Provincial Penal 30 de Lima. En agosto del 2018, el hoy disuelto CNM restituyó en sus funciones al fiscal.