Elección de integrante de la JNJ queda en suspenso

Rocío La Rosa Vásquez / Karem Barboza Quiroz

Todo estaba listo para que ayer al mediodía el abogado Pedro Patrón Bedoya, el único miembro electo hasta ahora de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), jure y sea proclamado. Horas antes Patrón había pasado la fase de entrevista personal. Víctor Cubas y David Dumet quedaron fuera de carrera.

Sin embargo, el acto fue suspendido. Minutos antes se había difundido en los medios de comunicación que Patrón tenía pendiente un proceso judicial en la Corte Suprema por presunto delito de falsedad ideológica.

Fue el propio defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, titular de la comisión especial encargada de seleccionar a la JNJ, quien luego de una reunión de emergencia con sus integrantes declaró que se había tomado esta decisión al conocerse “información relevante que debe ser contrastada”. Agregó que habrá una determinación sobre el caso “en el más breve plazo posible”. No permitió preguntas de la prensa.

Este Diario había informado que Patrón Bedoya fue procesado por el mencionado delito en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por un doble cobro al Estado, ya que recibió simultáneamente su pensión como jubilado de esa entidad, así como un sueldo de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. El caso prescribió pero el procurador de esta última entidad presentó un recurso de nulidad.

El caso, que empezó en el 2012, ha sido derivado por la Corte Suprema a la Segunda Fiscalía Suprema Penal, a cargo del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, vinculado por la fiscalía del Callao con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, para que emita opinión.

Patrón, visiblemente mortificado, también declaró a la prensa tras reunirse con la comisión. Reiteró que el caso había prescrito y que esperaba que los cuestionamientos sean aclarados para que pueda asumir el cargo.

Refirió que “como es habitual” el procurador de la otra parte interpuso un recurso de nulidad. Aseguró que sí había informado del tema durante el proceso de selección a la junta.

“Inclusive señalé en qué sala penal estaba la prescripción, la Tercera Sala Penal Liquidadora, y yo pasé esa instancia, esa etapa del proceso de evaluación, y por eso llegué a la entrevista personal”, manifestó.

—No ven impedimento—
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, está impedido de integrar este colegiado quien tenga una sentencia firme por delito doloso, que no es el caso de Patrón. Por esta razón, no podría dejar de ser nombrado, según dijo a este Diario el constitucionalista Luciano López.

Este último subrayó que no veía “ninguna razón jurídica” para que Patrón no asuma el cargo porque, según explicó, en el antiguo Código de Procedimientos Penales el delito de falsedad ideológica se resuelve en un proceso penal sumario, cuya normativa señala que para este tipo de procesos “no cabe recurso de nulidad ante la Corte Suprema”.

—Proponen a Servir—
En diálogo con este Diario, el embajador Allan Wagner, presidente de Transparencia, consideró que la comisión especial no había priorizado durante este concurso la evaluación de la trayectoria profesional y ética de los postulantes, y que los resultados obtenidos hasta ahora eran reflejo de eso.

Wagner insistió en que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) podría intervenir “asesorando y conduciendo el concurso”, teniendo en cuenta que está pendiente la selección de seis miembros titulares más y siete suplentes.

Recordó que esa había sido la propuesta inicial de la comisión de reforma judicial que encabezó en su momento.

-Caso Orellana-

El abogado Pedro Patrón Bedoya es mencionado por la fiscal Marita Barreto, quien tiene a su cargo la investigación a la red de Orellana, en el requerimiento de prisión preventiva que presentó la magistrada contra Rodolfo Orellana.

En el documento se señala que a Patrón Bedoya se le abrió “un proceso penal ante el Séptimo Juzgado Penal de Lima, por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, esto es por la falsa copia certificada de la escritura pública de compra y venta de fecha 28 de octubre del 2005”.

Este proceso está vinculado a la presunta venta irregular de terrenos del Ministerio de Educación.