Susana Villarán es investigada por los pagos que habrían hecho OAS y Odebrecht para su campaña del No a la revocatoria, la campaña de reelección y Rutas de Lima. (Foto: El Comercio)
Susana Villarán es investigada por los pagos que habrían hecho OAS y Odebrecht para su campaña del No a la revocatoria, la campaña de reelección y Rutas de Lima. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

La Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción amplió de ocho a doce meses el impedimento de salida del país contra la ex alcaldesa de Lima  y el ex gerente municipal José Miguel Castro a raíz de la investigación preparatoria que se les sigue por la campaña del “No” a la revocatoria.

Villarán y Castro son investigados por el presunto delito de lavado de activos a causa de los presuntos aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a la mencionada campaña.

A consideración del tribunal superior, extender la medida es necesario por la complejidad del caso, además de que la investigación está bajo el alcance de la Ley contra la criminalidad organizada, por lo que se hace necesario evitar el peligro de fuga.

Cabe indicar que, a fines de julio último, el juez de primera instancia amplió por ocho meses el impedimento de salida del país considerando que dicho plazo era congruente con la investigación.

“En ese sentido, el colegiado discrepa de la posición del juez y agrega que al haberse formalizado la investigación preparatoria la tesis fiscal se ha reforzado y por tanto se puede concluir que debe otorgarse el plazo máximo de impedimento de salida del país”, anotó la presidenta de la sala Susana Castañeda.

De esta manera, declaró procedente el pedido que realizó el fiscal superior Reggis Oliver Chávez, quien solicitó ampliar de ocho a doce meses el impedimento de salida del país para Susana Villarán y José Miguel Castro.

-Futura medida-

En su fundamento, el fiscal Reggis Oliver Chávez consideró que la medida no se centra en que si los investigados serán o no llamados a futuras diligencias, sino se sustenta en un fin indagatorio, evitar una posible fuga y la efectividad de una eventual condena.

En ese sentido, consideró que el impedimento de salida del país es una medida menos gravosa que una prisión preventiva, la misma que "podría ser solicitada más adelante".

“En la medida que transcurran dos o tres meses de la investigación preparatoria y se acopie más información, la fiscalía estará en condiciones de requerir una medida más gravosa […]. En un mediano plazo puede cambiar esa situación y la fiscalía podría requerir una medida más gravosa”, recalcó.

La defensa de Susana Villarán se opuso al pedido argumentando que la ex alcaldesa de Lima siempre ha concurrido a las citaciones y ha colaborado con todos los requerimientos que realizó la fiscalía.

Además, sostuvo que dentro de las diligencias que se desarrollarán la fiscalía no ha precisado para cuál de ellas se hace necesaria la presencia de la ex burgomaestre.

En el mismo sentido objetó la defensa de José Miguel Castro, al sostener que la fiscalía no ha explicado claramente cuáles eran sus argumentos para sustentar el impedimento de salida del país.

“No se ha presentado ningún elemento que incremente el peligro procesal de fuga o si se ha mantenido el peligro procesal que continúe con el impedimento de salida del país”, alegó su defensa.