Culpable por 'chuponeo', transfuguismo y compra de un canal de cable

El último proceso judicial que le tocaba afrontar al ex presidente Alberto Fujimori fue relámpago. A menos de cuatro horas de haberse iniciado el juicio oral y tras ser preguntado si aceptaba la contundente acusación fiscal que lo responsabiliza de los delitos de peculado, interceptación telefónica y cohecho activo, el procesado respondió con un lacónico y apagado “estoy conforme”. De esta manera se acogía a la figura de conclusión anticipada y se libraba de un largo proceso que podía afectar la candidatura de su hija Keiko Fujimori.

La sentencia será leída por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema mañana a las 11 a.m. en la sede de la Diroes. Todo hace indicar que el tribunal impondrá la pena de ocho años de prisión pedida por el fiscal supremo José Peláez Bardales por este proceso en el que están agrupados los casos de la interceptación telefónica, compra de los congresistas tránsfugas y compra del desaparecido Cable Canal de Noticias y la línea editorial del diario “Expreso”.

A diferencia del anterior juicio, en el que el ex mandatario también se acogió a la conclusión anticipada, pero trató de justificar el pago de los 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos bajo el argumento de que lo hizo para salvar al país, en este nuevo proceso no hubo ningún tipo de defensa. Incluso cuando el procurador Pedro Gamarra solicitó que la reparación civil a favor del Estado no fueran los cinco millones de soles que pidió el fiscal, sino S/.19’060.216, su abogado César Nakazaki aceptó el pedido sin chistar.

Nakazaki sostuvo que su cliente había renunciado al largo proceso porque intuía que iba a tener una sentencia condenatoria, pues, según dijo, el tribunal estaba en su contra.

Fujimori, quien lució cansado y por momentos fue captado por las cámaras de televisión dormitando, se ha librado de la presentación de más de cien testigos que fueron pedidos por el Ministerio Público con el objetivo de incriminarlo y acreditar las acusaciones.

Entre los testigos figuraban personas que habían sido “chuponeadas”, como el político Javier Diez Canseco, el escritor Mario Vargas Llosa y la periodista Cecilia Valenzuela, así como algunos de los llamados congresistas tránsfugas, como Gregorio Ticona Gómez y Waldo Ríos, y ex jefes y ex funcionarios del régimen fujimorista que fueron testigos de los presuntos actos de corrupción.

El congresista fujimorista Carlos Raffo señaló que la decisión de su líder de acogerse a la conclusión anticipada no significaba reconocer los cargos que le atribuyen sino evitar “el show mediático que la fiscalía y el tribunal estaban preparando contra Fujimori. Se iba a montar un desfile de más de cien testigos, todos enemigos políticos del ingeniero Fujimori”, recalcó al final de la audiencia llevada a cabo en la sede de la Diroes.

La admisión de los cargos, sin embargo, está clarísima y así lo dejó aclarado el tribunal cuando, ante una pregunta del fiscal Peláez sobre la conformidad que había expresado Fujimori, el director de debates Víctor Prado Saldarriaga respondió: “Se entiende que la conformidad es absoluta”. El ex mandatario ha admitido su culpabilidad y no caben dudas.

En esta audiencia resaltó la ausencia de los hijos del extraditado. No estuvieron Keiko ni Kenji, solo los congresistas Carlos Raffo y Martha Moyano, así como el ex ministro Joy Way y el ex parlamentario Luis Delgado.

Durante su acusación, el fiscal Peláez refirió que en el 2000 el encausado había diseñado, planificado y dirigido un plan de reclutamiento de congresistas opositores para lograr una mayoría en el Congreso y garantizar la campaña que aseguraría un ilegal tercer período de gobierno.

También argumentó que Fujimori diseñó y mandó a ejecutar un plan denominado Emilio, que consistía en interceptar los teléfonos de personas adversas al régimen.

Finalmente, señaló que el acusado, quien ya tiene una sentencia de 25 años por delitos de lesa humanidad, ordenó el control de los medios de comunicación para asegurar su permanencia en el Gobierno. Así mandó a ejecutar la compra del canal por cable y la línea del diario, ya citados.

Este último juicio, que fue autorizado por la extradición de Fujimori de Chile, finalizará el miércoles 30 de setiembre. La Sala Penal Especial deberá tener lista para ese día la nueva sentencia condenatoria que no se sabe si será apelada por la defensa.