INTERPRETACIÓN DE NORMAS DEL ACUERDO COMERCIAL
Acuerdo establece el principio del trato no discriminatorio, sostiene experto
La vigencia de un tratado de libre comercio entre EE.UU. y el Perú impedirá que el plan de estímulo de ese país a su economía, específicamente la cláusula Buy American, se convierta en una barrera para los posibles contratos con proveedores peruanos, afirmó la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz.
La cláusula Buy American del paquete de estímulo por US$787 mil millones brinda mayores ventajas a la participación de los proveedores locales en las compras gubernamentales.
Durante su presentación en la Comisión Especial Multipartidaria encargada del monitoreo de la crisis financiera internacional del Congreso, Aráoz explicó que el Perú tiene un trato de proveedor nacional en materia de compras públicas en nueve estados de ese país, entre ellos Florida, Texas y Nueva York. También están Arkansas, Colorado, Florida, Illinois, Missisipi y Utah.
“Estamos trabajando con la embajada de Estados Unidos para que nos ayude a que los demás estados también incorporen al Perú como parte de su grupo de proveedores”, subrayó.
Además refirió que realizan un fuerte lobby en otros estados de EE.UU.
NO DISCRIMINATORIO
Esta posición fue corroborada por Juan Carlos Morón, abogado del Estudio Echecopar, durante el seminario internacional sobre cómo aprovechar el TLC, organizado por Cómex. El experto detalló que en el acuerdo comercial firmado con EE.UU. existe el principio de no discriminación. “EE.UU. da a los bienes, servicios y proveedores peruanos un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios bienes, servicios y proveedores”, recalcó.
La mejor manera de que las empresas peruanas saquen provecho a las compras públicas de EE.UU. es la de ser proactivo inscribiéndose y visitando el mayor número de páginas web vinculadas a la materia.
Pese a esta posiciones, el Gobierno de México que también tiene un acuerdo comercial similar con EE.UU., ha expresado cierta preocupación. Resaltó que la cláusula establece que en cualquier proyecto público financiado con fondos del plan debe usarse solo acero o hierro fabricado en EE.UU.
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