Creadas por presión de empresarios de transporte urbano, las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito (Afocat) son para dueños de ómnibus, combis, taxis y mototaxis una opción —más económica, pero de limitado alcance— a las compañías de seguros.

Un SOAT cuesta, en promedio, el doble que un certificado contra accidentes de tránsito (CAT). Este es comprado por los transportistas a las Afocat para asegurar a sus usuarios frente a los 80 mil accidentes que cada año enlutan las pistas del país.

Sin embargo, desde sus inicios en el 2006, gran parte de este sistema ha fluctuado entre la informalidad, el vacío legal y la falta de supervisión y fiscalización.

Desde entonces, la Defensoría del Pueblo insiste en una denuncia grave: “Si las Afocat con permiso provisional para funcionar (60 días) son canceladas, los CAT que ya vendieron, se anulan y las víctimas quedan desprotegidas”, dice Fredy Sagástegui, funcionario de esa institución. Agrega que algunas Afocat, como las de Apurímac y La Libertad, continuaron vendiendo CAT aun cuando habían sido canceladas.

“Si una Afocat es cancelada, otra de la misma región asume a sus asegurados”, rebatieron voceros de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), encargada de fiscalizar a esas asociaciones. ¿Y qué pasa en Tacna o Amazonas, donde hay una sola Afocat? fue la pregunta que no obtuvo respuesta.

CIEGOS ANTE EL CAOS
Peor aun, la defensoría recibió en lo que va del año 52 quejas de usuarios contra Afocat que se negaron a pagar el tratamiento o sepelio de las víctimas. Para ello exigieron requisitos absurdos como certificados de trabajo y pagos a la Sunat. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse), en tanto, recibe unas 200 quejas anuales .

A pesar del caos evidente, el Ministerio de Transportes (MTC) publicó hace 16 días un decreto que facilita a las Afocat canceladas o caducas (unas 19 en todo el país) volver a operar. “Esas empresas han demostrado insolvencia y abusos contra gente pobre. Y la lista se queda corta, ya que la SBS ha descuidado escandalosamente su labor fiscalizadora”, señaló el presidente de Acuse, Gabriel Bustamante.

PNP: “NO LO TENEMOS CLARO”
Fuentes del MTC aclararon que ellos no supervisan la circulación en las carreteras de vehículos con CAT por ser estos de transporte urbano. En tanto, el jefe de la Policía de Carreteras, Enrique Medri, dijo que sus agentes solo verifican que la unidad con CAT que quiere salir de su jurisdicción lleve un letrero que indique que está fuera de servicio. ¿Y si atropella en otra región? “No lo tenemos tan claro. Es que hay un vacío legal”, reflexionó.

EN PUNTOS

• La defensoría expresa su malestar ante continuos decretos favorables a las Afocat. Anteriores decretos supremos les han creado el permiso provisional y redujeron su capital mínimo para operar.
• En el 2008, el MTC pasó a la SBS el control de las Afocat. Esta tiene sedes solo en Lima, Piura y Arequipa. Las quejas deben presentarse en Lima.
• A Indecopi le toca sancionar a las Afocat. Por ahora investiga a una en Arequipa. En Apurímac, donde la siniestralidad-SOAT es superior a 500%, no hay sede de esta entidad.
• El congresista José Maslucán y colegas suyos del Apra y de UPP propusieron —sin éxito— ampliar el servicio de las Afocat a vehículos particulares, de carga y motocicletas.

LAS CIFRAS
50.000
Heridos y 3.500 muertos dejan cada año los accidentes de tránsito en nuestro país. La mayoría de estos ocurre en zonas urbanas, donde los vehículos operan con CAT.

¿?
La SBS no informa cuántos CAT se han vendido, ni cuál es su índice de siniestralidad.