Plantean mecanismo para consultas a nativos

Por: Ricardo León

El proyecto de ley que esta semana la Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso resultaría ser el lado positivo de la tragedia que se vivió el pasado 5 de junio en la Curva del Diablo (Bagua) y otras zonas de Amazonas y Loreto.

El proyecto de la denominada Ley del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas propone mecanismos normativos para que se cumpla lo estipulado en el tan mentado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero esta iniciativa no es nueva, explicó Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. Durante el 2008 se presentaron hasta tres proyectos sobre el tema de las consultas, pero estos solo llegaron a convertirse en dictámenes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; es decir, nunca llegaron a ser parte de la discusión del pleno del Congreso.

“La Defensoría del Pueblo comentó que había que hacer mejoras en los proyectos. Se hizo un informe de adjuntía, pero aun así el dictamen no llegó al pleno”, indicó Lanegra.

Según dijo el funcionario, el proyecto presentado recientemente serviría de vía más rápida de desarrollar una ley sobre un tema que el Congreso ya abordó anteriormente. “Este tema, al haber sido tratado anteriormente, ya cuenta con cierto nivel de consenso”, afirmó Lanegra.

TRES ACTORES PRINCIPALES
Son tres los actores que participarían en un diálogo, de acuerdo con el proyecto de ley presentado. El primero es, por supuesto, el Estado, ya sea a través del Congreso (si la consulta gira en torno a proyectos y leyes) o de alguna entidad estatal determinada (en caso de medidas administrativas).

El segundo actor lo forman las comunidades indígenas, a través de organizaciones debidamente organizadas.

El tercero es un organismo técnico especializado que funcionaría como un ente rector. Según explicó Lanegra, este no podría ser el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), debido a que fue creado solo como un ente ejecutor sin la capacidad rectora necesaria.

“Dentro de este organismo debe formarse un consejo consultivo que incluya a los representantes indígenas”, agregó Lanegra. Para tal fin, se requerirá elaborar una base de datos sobre aquellas organizaciones representativas debidamente organizadas y legalizadas. En cada proceso de consulta, entonces, se convocaría a los representantes adecuados. Sería un universo participativo distinto en cada caso.

Ha transcurrido ya más de un mes desde que se produjo la crisis iniciada en Bagua. Por eso —y como declaró el pasado lunes la propia defensora Beatriz Merino—, “el proyecto presentado resulta más que pertinente (...) y necesario para sentar las bases que garanticen el diálogo intercultural, incorporando así a los pueblos en el proceso de toma de decisiones del Estado”.

LAS CLAVES
1. El proyecto presentado estipula que para cada caso de consulta se debe estipular un plazo máximo para llevar a cabo las diligencias necesarias, a fin de evitar que se extiendan los tiempos de ejecución.

2. La propuesta ya la recibió el Congreso de la República y la colgó en su página web, aunque todavía no se ha definido qué comisión lo sometería a debate. Se presume que ingresaría a la comisión respectiva recién en la próxima legislatura.

3. La consulta a los pueblos indígenas fue una de las demandas principales de las organizaciones que, semanas atrás, llevaron a cabo marchas de protesta en el país.