Proyecto del Ejecutivo busca recortarle capacidades a la contraloría general

Por: Ítalo Sifuentes Alemán

En una clara y abierta contradicción con la razón de ser de la Contraloría General de la República, la semana pasada el Ejecutivo envió a las oficinas de asesoría jurídica de diversos ministerios un debatible proyecto de ley.

Esta iniciativa plantea suprimir al máximo órgano de control sus facultades de evaluar los resultados de la gestión pública y el control posterior en temas de endeudamiento externo.

Este Diario tuvo acceso al borrador de ese proyecto, a través del cual el Gobierno busca modificar diez artículos de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría (27785), con el argumento de que se requiere un órgano de control moderno, ágil y que no frene la inversión.

LAS INTENCIONES DE BETETA
Lo curioso es que el proyecto del Ejecutivo, cuya consulta debe terminar en dos semanas, colisiona con el perfil profesional y la propuesta de trabajo del candidato del Gobierno a contralor, el economista Edmundo Beteta, quien el último jueves se presentó ante la comisión evaluadora de su candidatura.

En su presentación, Beteta ofreció, de ser designado sucesor del saliente contralor Genaro Matute, desarrollar “temas de gestión pública y de técnicas de control de gestión, pues el control de gestión en sí mismo es una de las áreas que más reforzamiento necesitan” en la contraloría.

Respecto del control posterior, señaló “que el control previo y concurrente son importantes para prevenir los actos ilícitos, para prevenir la corrupción sin menguar la atribución de la contraloría y realizar control posterior”.

“Para eso, hay que profesio-nalizar y mejorar las capacidades de las oficinas de control interno (OCI) (de las instituciones públicas)”, precisó.

El caso es que el proyecto del Ejecutivo busca más bien menguar las atribuciones legales de la contraloría en el caso de las acciones de control. Según el texto, se deja sin efecto para todos los efectos legales el ejercicio de acciones de control posterior sobre las operaciones financieras en que la contraloría emitió opinión.

Hay que recordar que la Constitución, en su artículo 82, señala que le compete a la contraloría supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

FIN DEL CONTROL INTERNO
En cuanto al control interno, el proyecto plantea retirar del artículo 7 de la ley de la contraloría, referido a los alcances del control interno institucional, el siguiente texto: “con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen correcta y eficientemente”.

El Ejecutivo buscaría, pues, recortar las funciones de las oficinas de control interno de evaluar la gestión en las instituciones públicas. También se plantea suprimir la facultad de la contraloría de investigar y denunciar la corrupción administrativa. ¿Cómo? Eliminando la procuraduría de ese organismo.

PARA RECORDAR
El pasado 12 de febrero, el presidente de la República, Alan García, anunció públicamente que plantearía al Congreso un proyecto para modificar la condición de la Contraloría General de la República de ente paquidérmico, a fin de “que se transforme para darle velocidad y descentralización al control”.

“Han pasado cuarenta años, hay una enorme velocidad de inversiones (...) y aún tenemos una contraloría que pone restricciones a todo”, señaló entonces a la prensa.