Editorial: Una meta en el horizonte

Los compromisos anunciados por el presidente Martín Vizcarra desde que inició su gestión han sido positivos, pero, en muchos casos, un tanto difusos. Prestar especial atención a la salud, la educación, la descentralización y la lucha contra la corrupción son desde luego propósitos encomiables, pero, para resultar verosímiles, tendrían que venir acompañados por metas específicas y mesurables, así como de un plan de acción. Y hasta ahora ese no ha sido el caso.

La sensación que se recoge en las encuestas y en las críticas de la prensa, más bien, es la de que el gobierno carece de ideas claras para el país y de la presencia de ánimo necesaria para sacarlas adelante. Su insistencia en un tema en particular y la posibilidad de que los avances en él sean medidos, sin embargo, sugieren que podríamos encontrarnos, finalmente, ante uno de los únicos cometidos concretos: la reducción de la anemia infantil a menos del 20% de la población para el 2021, año del bicentenario de nuestra independencia.

En realidad, cuando todavía estaba encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, el Ejecutivo ya había planteado la meta antedicha en el Plan Nacional para la Reducción de la Anemia (PARA), pero ni siquiera las reducciones parciales y progresivas de las que hablaba ese documento se han venido cumpliendo. Para el 2017, por ejemplo, se planteó reducirla al 37,9% y, en lugar de ello, permaneció exactamente en su mismo nivel: 43,6%.

Esto es particularmente grave, porque para la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir del 40%, la anemia –esto es, la disminución de la hemoglobina en la sangre por la deficiencia de hierro en el organismo– constituye un problema de salud pública para cualquier país y el nuestro ha sobrepasado esa cifra durante los últimos diez años.

Es alentador, en ese sentido, que desde que se instaló la actual administración presidencial, tanto el jefe del Estado como el presidente del Consejo de Ministros hayan tenido enfáticos pronunciamientos al respecto.

El 2 de mayo, en su discurso frente al Congreso con ocasión del pedido del voto de investidura, en efecto, el ministro César Villanueva dijo que no es posible que, tras una década de bonanza económica, sigamos teniendo “estos niños con anemia, estos niños con desnutrición”. Y, dramáticamente, agregó: “¡Qué carajo vamos a presentar a un Perú así ante el mundo queriendo entrar a la OCDE!”.

El presidente, por su parte, abordó de manera pública el asunto el 27 de mayo en Ayacucho y se volvió a referir a él de manera específica el lunes de esta semana, al señalar que es la prioridad del gobierno “combatir la anemia y bajarla del 43% [en] que está actualmente a una meta que nos hemos puesto: en tres años, bajar del 20% [y] llegar al 19%”. Y ayer retornó sobre el tema: “Nosotros queremos derrotar la anemia […].Tenemos que comunicar a la población para que sepa de estas campañas y se involucre, y participe”.

Es decir, ha planteado cifras y fechas contra las que su gestión podrá ser evaluada, lo que ya supone un avance. Pero la verdadera inquietud, por supuesto, es si son alcanzables.

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Liliana La Rosa, ha hablado ya de “meter el pie al acelerador” y “proponer un presupuesto adicional”. Frente a lo cual el ex viceministro de esa misma cartera, Iván Hidalgo, ha advertido que lo que se requiere es, más bien, ‘microgerencia’ (“la anemia infantil tiene entre sus causas los males respiratorios que provoca la cocina a leña, técnica que aún se utiliza en numerosos hogares rurales”, ha anotado para dar un ejemplo de hacia dónde tendría que apuntar el Midis para proponer alternativas).

Según él, de cualquier forma, la meta anunciada por este gobierno es “demasiado optimista” y debería ser reajustada. Si eso ha de ocurrir, sin embargo, primero habría que tener en cuenta experiencias como las del distrito de Pampacolca, en Arequipa, donde la anemia se redujo de 69,57% en el 2015 al 13,91% en el 2017. En toda la región, además, se consiguió reducirla del 2016 al 2017 en 10,3 puntos porcentuales (del 44,5% al 34,2%), lo que habla de una política más que de un golpe de suerte.

Bajo ninguna circunstancia, la actual administración debería renunciar a esta clara meta que ha trazado en su horizonte.