ELIZABETH SALAZAR/LUIS GARCÍA PANTA/LUIS GARCÍA BENDEZÚ

El 23 de agosto, Óscar Arteaga, comerciante de San Juan de Lurigancho, recibió una llamada fulminante: “Danos 20 mil dólares”. No hubo tiempo para pensar. Esa misma noche sus dos hermanos recibieron llamadas amenazantes y en la madrugada, después de más mensajes anónimos, desconocidos arrojaron un explosivo en su casa. Arteaga no tembló y acudió a la policía.

En las comisarías de este distrito solo se han registrado dos casos de extorsión el 2011, pero el temor ocultaría decenas más. “Algunos comerciantes o empresarios han aceptado el cobro de cupos como parte de su economía, es algo muy común aquí”, dijo el comandante José Chacón Navarro, jefe de la Divincri de San Juan de Lurigancho.

La policía determinó que el celular de donde se hacían las llamadas era de Walter Apari Fernández ‘Negro Mama’, recluido en el penal de Lurigancho. Apari asegura que le robaron el chip de su celular y no sabe del tema, pero ¿qué hace un delincuente preso con teléfonos celulares?

DOS O TRES CONTACTOS FUERA DEL PENAL
La Dirincri ha establecido que el 95% de las llamadas telefónicas para extorsionar a los ciudadanos se efectúa desde los penales de Lima. El dato proviene de las solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones hechas por el Poder Judicial, a raíz de denuncias de las víctimas.

El reporte de llamadas, que incluye la localización geográfica de donde se hicieron estas, confirmó que los reos tienen dos o tres contactos fuera del penal para apoyar sus acciones, es decir, entregar arreglos florales, dejar explosivos o recibir el dinero.

Según datos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en el país, las casi 400 investigaciones por lavado de activos que están en curso provienen del narcotráfico, la evasión tributaria, la extorsión y la trata de personas.

“El chantaje ha dejado de ser un delito menor o casual, es empleado por mafias y es lucrativo. Es un delito que se propagó primero en Trujillo, pero el traslado de los cabecillas de las bandas trujillanas a Piura, Chiclayo, Chimbote y Lima extendió la modalidad”, dijo personal de la Dirincri.

Los comerciantes de los conos de Lima son las nuevas víctimas, pero antes de ellos, y hasta ahora, están las empresas constructoras y los dueños de chifas. Los primeros son acosados por bandas de construcción civil y los otros por la mafia china del Dragón Rojo.

Sin embargo, desde hace dos años, cualquier ciudadano se ha vuelto vulnerable a la modalidad de denominada ‘cuento’. Esta consiste en llamadas alertando falsamente de que un familiar está detenido y se requiere pagar un soborno para soltarlo. La familia cede a la coacción, pierde dinero y revela sus datos personales.

En el 2011 la Dirincri recibió 365 denuncias de extorsión a negociantes y familias, pero la cifra no incluye las anotadas en las jefaturas de Investigación Criminal del Callao, Lima norte, Lima sur, Lima este y Lima oeste. Se detectó, además, a 46 sujetos que hicieron llamadas chantajistas, entre ellos presos, pero la lentitud de las empresas de telefonía para levantar el secreto de las comunicaciones impide desarticular bandas.

La sentencia más alta se obtuvo en mayo, en Lambayeque, al condenar a Marco Isique Medina a 30 años de cárcel. Él simuló una empresa de seguridad para extorsionar a taxistas y microempresarios de la región a fin de que le pagarán por inexistentes servicios de vigilancia.

CUENTA CON 3 MIL CHIPS
Un trabajo de investigación de la Dirincri de la Policía Nacional detectó que en el penal de Lurigancho hay 3 mil chips para teléfonos celulares entre los siete mil internos de esa prisión con los cuales se hacen las llamadas extorsivas.

“Cada chip es cambiado a un teléfono celular distinto para evitar los seguimientos policiales, pero por los reportes de las empresas telefónicas,que focalizan el lugar desde donde se hacen las llamadas, hemos determinado esa cantidad de chips en esta prisión”, señaló un agente.

Pero no solo existen esos circuitos electrónicos en esa cárcel sino también en los penales Piedras Gordas de Ancón, Sarita Colonia del Callao y Miguel Castro Castro de Canto Grande.

BLOQUEADORES
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Pérez Guadalupe, informó que como medida inmediata, mientras no se apruebe el presupuesto para comprar bloqueadores, se decomisan celulares en los penales del país. “Los bloqueadores no funcionan pero en cinco meses de gestión hemos incautado 2.000 celulares en todo el país”, expresó.

Pérez Guadalupe admitió que existe corrupción en las cárceles por parte de los agentes penitenciarios, pues luego de las requisas los internos vuelven a contar con los aparatos para comunicarse con el exterior. “Malos agentes permiten el ingreso”, acotó.

Expresó que con el fondo de seguridad de S/.32 millones que recibirá el INPE se comprarán cámaras de videovigilancia, detector de metales, escáneres para la revisión corporal de personas y paquetes en los penales de Lurigancho, Trujillo, Chiclayo, Callao, Ancón y Canto Grande.

Dijo que está en marcha un proyecto para dar en concesión la seguridad de los penales a una empresa peruano-colombiana a cambio de darle permiso para instalar teléfonos públicos en las cárceles, los cuales administrará. “Así se evitará que los reos tengan celulares y llamen para extorsionar ”, acotó.