EL COMERCIO

El suicidio del director del centro de rehabilitación Creo en ti, Rafael Castañeda Saco Vértiz, en el 2009, obligó a poner los ojos en este tipo de instituciones. Sobre todo porque se descubrió que este sujeto secuestraba, agredía y obligaba a sus pacientes a consumir droga en el albergue que regentaba en Chosica.

En ese momento, el Estado y diversas organizaciones ofrecieron regular, fiscalizar y sancionar los centros de rehabilitación informales. Sin embargo, tres años después la situación no ha variado.

Malena Pineda, representante de la Defensoría del Pueblo, indicó que a la fecha hay unos 400 centros de rehabilitación en el país y más de la mitad son informales. Muchos abren sus puertas apenas presentan la solicitud de su licencia de funcionamiento en la municipalidad y otros ni siquiera inician los trámites.

El Decreto Supremo 013-2006 del Ministerio de Salud establece que el concejo distrital debe regular que el local reúna las condiciones de seguridad para dar el servicio. El Minsa debe fiscalizar el cumplimiento del programa de rehabilitación y que el director técnico sea un profesional de la salud, con experiencia en tratamiento de adicciones.

Pero esto no ocurre. La mayoría de estos centros es dirigida por ex pacientes que optan por charlas religiosas en las que prescinden de médicos y terapeutas. “Cada vez que los inspectores del Minsa quieren fiscalizar, no les abren la puerta y les dicen que no son establecimientos de salud, sino cristianos, cuando lo que deben brindar a los internos es un servicio médico”, expresó Pineda.

Los funcionarios de Devida explican que si bien el decreto 013-2006 establece que todos los centros de salud, incluyendo los de rehabilitación, deberían estar certificados por el Minsa, no existe un reglamento sobre las características que dichos centros deben cumplir. Este documento debería establecer el tipo de profesionales, protocolo de tratamiento, características del local y otras condiciones.

Pedro Cáceda, presidente de la Asociación de Comunidades Terapéuticas del Perú (ACTP) , que reúne a unas veinte instituciones reconocidas, cuestionó que el Minsa no fiscalice los locales informales con el mismo énfasis que supervisa los que sí tienen licencia. “Existen varias modalidades de atención. Están los hospitales que dan atención ambulatoria o internamiento, las comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación y hay privados que trabajan en otro enfoque de readaptación, pero todos necesitan ser regulados”, dijo.

Según refirió, solo en San Juan de Lurigancho existirían 60 de estos locales al margen de la ley. En julio se aprobó la Ley 20765, que regula solo a las comunidades terapéuticas, pero aún no se ha reglamentado.

El ministro de Salud, Alberto Tejada, quien hasta ayer se encontraba en Iquitos, aseguró que asumirá la responsabilidad de supervisar estos centros para evitar la informalidad. “Vamos a supervisarlos. Ahora cualquiera hace cualquier labor sin licencia”, dijo.

En tanto, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, anunció que en coordinación con Devida construirán el primer centro de desintoxicación y rehabilitación que se ubicará en Cercado, para que las personas dependientes cuentan con una mejor atención.

SEPA MÁS
SIN LICENCIA
Se estima que en el Perú funcionan entre 240 y 260 centros bajo la modalidad de comunidades terapéuticas. Solo el 20% de ellos cuenta con licencia de funcionamiento y profesionales.

DEMANDA
Milton Rojas, de Cedro, consideró que la respuesta del Estado frente a las adicciones es débil. Se estima que en el Perú hay 800 mil personas con problemas de alcohol y de 60 mil a 100 mil con problemas de drogas. “Los centros de rehabilitación son escasos y hay quienes se aprovechan de eso para engañar”.