Por: Jorge Moreno Matos

La Segunda Sala Penal de Lima, a cargo de la jueza Zoila Pacora Portella, condenó ayer a Javier Alvarado Layme, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Barranco , a un año de pena privativa de la libertad suspendida condicionada y al pago de una reparación civil de diez mil soles por el delito de difamación agravada.

Alvarado había sido demandado por la Administradora de Franquicias Perú, propietaria del restaurante Rústica, por sus declaraciones vertidas al diario “Perú.21” en julio del 2006, en las cuales se mostraba contrario a la concesión de terrenos en las playas de Barranco.

En la entrevista, Alvarado citó párrafos del informe de la Comisión de Pueblos Andinoamazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, del 26 de abril del 2006, en el cual este grupo también se pronunciaba en contra de la concesión. La empresa consideró que estas declaraciones difamaban su prestigio e imagen.

Ricardo Vásquez, abogado de Alvarado, mostró su extrañeza por el fallo y lo calificó de irregular, por lo que apelarán.

NO EVALUÓ INFORME
Según Vásquez, la jueza no habría contado con toda la información necesaria para elaborar su fallo, ya que hace una semana ellos habrían hecho llegar al juzgado el informe de la mencionada comisión del Congreso, pero hasta ayer este no había sido evaluado por la magistrada.

Agregó que con la sentencia se vulneran dos derechos fundamentales de su defendido. “Afecta su derecho a la libertad de expresión de mi cliente y a su derecho a intervenir en asuntos públicos, ambos reconocidos por la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos humanos”.

Sin embargo, agregó, el verdadero problema es otro. “Crea el precedente legal para intimidar a cualquier vecino que quiera salir en defensa de los intereses públicos en Barranco”, sentenció.

En tanto, Alvarado manifestó que con la denuncia y el fallo se pretendería limitar su accionar como vecino. “Soy demandante en otras dos acciones de amparo contra dos construcciones en espacios públicos en la Costa Verde. Con esta sentencia se estaría limitando mi accionar”, explicó.

Alvarado llegó hasta la sede del Poder Judicial acompañado por su abogado y otros diez presidentes de juntas de vecinos de Barranco, quienes mostraron su solidaridad con él.

El procedimiento contencioso-administrativo por la construcción del restaurante Rústica se encuentra pendiente de resolución.

Este Diario intentó conocer la reacción de los representantes de Rústica sobre el fallo favorable a ellos, pero estos prefirieron no declarar. Susy Jaime, administradora del local, respondió que los representantes legales de la empresa nos llamarían para dar una declaración oficial, pero hasta el cierre de esta edición no lo hicieron.

PARA RECORDAR
Durante la gestión de Martín del Pomar en la alcaldía de Barranco se dieron en concesión terrenos en la Costa Verde, sin estudios de impacto ambiental ni la autorización de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas para utilizar la franja intangible de 50 metros de la orilla de playa.

La Ley 26306 reconoce en el corredor de la Costa Verde una franja intangible de 50 metros. Esta empieza en la línea de máxima marea y dentro de ella no podrá existir edificación o instalación alguna que restrinja su uso público.