Un juez amenaza con un arma de fuego a un periodista, trabajadores de construcción civil se enfrentan a balazos por puestos de trabajo, pandillas toman las calles bajo la ley del revólver…

Según una encuesta hecha en agosto del 2009 por la Universidad Católica, el 27% de la población de Lima ha sido víctima de un hecho delictivo y en 9% de estos casos la víctima estuvo expuesta a armas de fuego.

Carlos Romero Rivera, abogado de la organización Ciudad Nuestra, dice que la principal causa de homicidios en Lima se debe a la violencia doméstica, y esto se ha potenciado por el uso de pistolas y otras armas similares.

“El solo hecho de tener armas hace el homicidio inminente, y esto es preocupante porque cada vez es más fácil conseguirlas”, lamenta Romero. Una pistola, además, puede servir para la defensa pero también aumenta el riego de que quien la porta sea asesinado porque “no tenemos una cultura del arma de fuego, que es en realidad un mecanismo de última instancia”.

Según el especialista, es momento de encarar el problema de frente y de trabajar en programas de desarme, que no sean iniciativas esporádicas, sino programas planificados y nacionales.

ARMAS EN EL PERÚ
Frías como el cañón de un revólver, las estadísticas nos muestran que, poco a poco, los peruanos estamos cediendo a la ilusión de que un arma de fuego nos protegerá del peligro. Lo indica la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos (Dicscamec): el número de licencias para el uso de armas ha aumentado 16% entre el 2005 y el 2009 en el país.

Aunque no todos observan lo mismo, algunos vendedores de armas están notando un mayor interés en el público por sus productos. “El año pasado, mi empresa vendió unas 1.200 pistolas; es decir, 30% más que el 2008. Este año calculamos vender unas 2.500”, refiere José Luis Sánchez, gerente general de Lima Guns. Richard Rodríguez, ejecutivo de la empresa Caddin, agrega, sin más precisiones, que las importaciones de armas cortas están tendiendo a aumentar.

“En los últimos años, la compra de armas se ha convertido en un mecanismo contra la inseguridad en los segmentos sociales A y B y, sobre todo, en la población de más de 35 años”, explica el especialista Gabriel Prado, del Instituto para la Seguridad Ciudadana.

COSA DE LOCOS
Sin embargo, el tiro puede salir por la culata. “Un arma en manos irresponsables o de alguien que no está preparado puede resultar contraproducente”, acota Prado.

De hecho los requisitos que exige la Dicscamec para la entrega de licencias se orientan a disminuir ese riesgo. Entre ellos figura un certificado de salud mental que debiera evitar, por ejemplo, que un magistrado le apunte una pistola a un reportero que quiere sacarle una fotografía.

No obstante, las pruebas que se deben pasar para obtener dicho certificado no cumplen su cometido. Según Jorge Castro Morales, presidente de la Asociación Psiquiátrica del Perú, los exámenes psicotécnicos y las entrevistas psicológicas que se aplican en estos casos no bastan para detectar problemas psicopatológicos que podrían derivar en el uso indebido de las armas.

“Una de las pruebas que se toman a quien aspira a una licencia es el test de Machover, aquella en la que se debe dibujar a una persona. Con ella solo se pueden determinar ciertos rasgos de la personalidad. La estabilidad emocional, el control de los impulsos o la tendencia a buscar sensaciones extremas no se pueden descubrir tan fácilmente. Peor aun las tendencias psicópatas o agresivas”, añade.

La Dicscamec sostiene que sus fiscalizadores —entre los que se cuentan psicólogos— visitan cada semana o cada 15 días los centros que tienen autorización del Ministerio de Salud para otorgar los certificados de salud mental. De ese modo pretende vigilar la idoneidad de su servicio.

AGUJERO NEGRO
Una vez más, ello no basta para alejar de las armas a los más impulsivos o violentos. “En cinco años uno puede cambiar”, afirma Prado, en alusión al plazo de vigencia de los permisos dados por Dicscamec. “La renovación debiera ser cada dos años”, añade.

Pero, sean cinco o dos los años de vida de la licencia, poco variarán los resultados, si quienes poseen un arma no cumplen con renovar el permiso. A fines del 2009, existían cerca de 50.000 armas de fuego con licencia en manos de personas naturales, pero el número de licencias vencidas era más del triple.

Eso nos lleva a lo más oscuro del problema. “El registro formal no es suficiente. El mercado negro que existe es el gran tema pendiente. Hasta ha habido policías que alquilaban armas para secuestros”, asegura Prado.

SEPA MÁS
La presencia de armas pequeñas en las comunidades debilitan las instituciones democráticas y profundiza la violencia intrafamiliar, según varios estudios internacionales.