En este régimen, la PNP ejecutó siete proyectos contra la delincuencia. Los homicidios y robos aumentaron en 8% el 2009 y el hampa actúa con más violencia
Elízabeth Salazar Vega
Durante el presente gobierno cinco personas han ocupado el Ministerio del Interior con la promesa de reducir la inseguridad en la ciudad. Si bien la tarea principal recae en los alcaldes distritales, Pilar Mazzetti, Luis Alva Castro , Remigio Hernani, Mercedes Cabanillas y el actual titular del sector, Octavio Salazar , han aplicado diversas estrategias y planes para cumplir el ofrecimiento. Sin embargo, a la fecha el 75% de limeños aún se siente amenazado por la delincuencia común —según una encuesta divulgada esta semana por la Universidad Católica— y el 28% ha sido víctima de algún delito en el último año.
Además, en lo que va del 2010, se han registrado 15 robos y crímenes perpetrados por sicarios, quienes ya no dudan en acribillar a plena luz del día. Según estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el último año se registró 8% más casos de robos, hurtos y homicidios en Lima y Callao, pues ¿qué falló?
PROYECTOS SIN NORTE
Son siete los programas anunciados con pompa desde el sector Interior en los últimos cinco años. El primero de ellos fue el Plan Telaraña, reimpulsado por Pilar Mazzetti y que intentó unificar los esfuerzos de la policía y el serenazgo para patrullar las calles, y que luego fue denominado Patrulllaje Mixto.
Además de que nunca se aplicó en la totalidad de distritos, su declive lo marcaron la descoordinación y los celos profesionales entre ambos cuerpos de seguridad, tanto para asignar personal como vehículos. Diferencias que se mantienen hasta ahora en Surco, Chorrillos y otros, según el secretario técnico del Conasec, general (r) Eduardo Pérez Rocha.
Al segundo programa se le denominó plan Mazzetti, vigente a la fecha y por medio del cual el ministerio compra el descanso de 1.700 policías para que apoyen las labores de vigilancia en vez de que presten este servicio en chifas, restaurantes y hoteles.
Con Alva Castro, en marzo del 2007, se inició el Plan de Distritalización, ideado por el entonces jefe de la VII Dirección Territorial de la PNP, Octavio Salazar, para unificar todas las dependencias policiales en cada distrito. En un primer balance que hizo el sector Interior encontró que los robos disminuyeron en 12% el año siguiente, pero con el tiempo terminó atomizando personal en zonas que no tenían la misma demanda de trabajo que otras; incluso, el sistema impedía que un equipo policial colaborase con otra jurisdicción, lo que fue cuestionado por algunos alcaldes.
En esta misma gestión se lanzó el Patrullero de mi Barrio, que solo duró 9 meses y tenía por fin dividir a los distritos de Lima en cuadrantes y destinar 600 vehículos para que ronden por estos. El alcalde de Miraflores, Manuel Masías , recuerda cómo dicho programa fracasó porque la PNP se llevaba los vehículos para labores propias de vigilancia en estadios, conciertos, etc.
Más breve que aquel fue el plan Protégeme —sobrevivió un mes— que pretendía que los ciudadanos que retiraran fuertes sumas de dinero fueran escoltados por agentes de la PNP.
DESCOORDINACIÓN
Los tres proyectos acabaron en octubre del 2008 con la llegada de Remigio Hernani al ministerio, pues él optó por reforzar la investigación en vez del modelo preventivo basado en patrullaje . Si bien impulsó la creación de 28 jefaturas de investigación criminal, estas no recibieron los S/.30 millones que se acordó en el Consejo de Ministros , y hoy, en vez de contar con 100 peritos, cada una posee 20 o 25, sin equipos, vehículos ni recursos para pagar a informantes.
“No hubo apoyo. Cuando llegó la ministra Cabanillas todo quedó en el aire. Muchos de los delitos y crímenes actuales serían evitados si se investigara a ciertas bandas, pues hoy el hampa actúa con más violencia”, señala Hernani.
Con la llegada de Cabanillas se retomó la tarea de prevención, lo que hoy se conoce como patrullaje integrado; y con Salazar como ministro, y a iniciativa de la Municipalidad de Lima se empezó el proyecto Taxi Cívico, a fin de que estos choferes sean ojos y oídos de los serenos y policías ante la delincuencia.
“El ministerio ha mostrado una actitud errática, pues eran planes desconectados que terminaron en el fracaso. Aún carecemos de una política integradora que, obviamente, involucra a las municipalidades. La intervención policial eficaz no es aquella que despliega el mayor número de agentes en las calles, sino la que se nutre de inteligencia”, sostiene el especialista en seguridad ciudadana Gabriel Prado.
Pérez Rocha señala que la principal responsabilidad está en los alcaldes, pues pese a que 28 de 43 concejos cuentan con plan de seguridad, muchos de estos no se aplican o están mal elaborados. “En los últimos tres años quienes mejor han trabajado con nosotros son Miraflores, San Isidro y San Borja, y ello se refleja en la reducción de la delincuencia en esos distritos en 38%”, dijo.
La última propuesta del sector, anunciada por el director general de la PNP, Miguel Hidalgo , es integrar el serenazgo a la PNP. Los alcaldes de Jesús María, San Miguel, Miraflores, El Agustino y La Victoria dijeron estar en contra de ello y más bien apuestan por estrechar las relaciones entre ambos cuerpos de seguridad.
Infografía. La violencia se vuelve cotidiana en la ciudad .
