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27 de mayo del 2012 | 18 °C
Así lo sostuvo el director del IPAM, Marco Tulio Gutiérrez, al referirse al comunicado que publicó hoy la gestión de Miyashiro en diferentes medios

(Andina). El alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, podría ser denunciado por malversación fondos por haber utilizado en otros fines el dinero destinado a un proyecto de mejoramiento del malecón Grau y del parque Manuel Cuadros, luego de que estas obras fueran paralizadas por una orden judicial.
Así lo sostuvo el director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), Marco Tulio Gutiérrez, al referirse al comunicado que hoy publicó la comuna chorrillana, en el cual señala que le será imposible acatar el mandato del Poder Judicial, que dispone que se reponga tanto el malecón y el parque a como estaban antes del inicio de las obras.
La gestión de Miyashiro aduce que el dinero de estos proyectos se gastó el año pasado, después de que se paralizaran las obras, y para este año no se hizo ninguna previsión en el presupuesto municipal.
MALVERSACIÓN DE FONDOS
El titular del IPAM dijo que la posición de Miyashiro de haber considerado los recursos no gastados como ahorros y, por tanto, de libre disposición para ser empleados en otras cosas, carece de sustento legal y su gasto configura una situación de malversación de fondos públicos
“Y, si no hubiera presupuestado para este año la posible culminación de las suspendidas obras, se habría violado la normativa presupuestal que establece la obligación de que todo proyecto no concluido en un ejercicio anual tiene que ser presupuestado en el siguiente. Es decir que se cometió el delito de omisión de cumplimiento de funciones”, explicó y agregó que la responsabilidad le cabe al alcalde y a los regidores que lo acompañaron hasta diciembre del año pasado.
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
Gutiérrez advirtió que no existen limitaciones legales para no cumplir el fallo y que mantener la negativa le podría significar una denuncia penal por resistencia o desobediencia a la autoridad, delito que es castigado con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años. Esa situación, además, le originaría ser vacado del cargo.