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Bloqueadores en penales: una medida que no frena la extorsión

Los presos siguen usando celulares para sus delitos. Firmarán adenda para concluir en el 2018 la instalación de bloqueadores

Bloqueadores en penales: una medida que no frena la extorsión

Bloqueadores en penales: una medida que no frena la extorsión

El 15 de febrero debió haber terminado la instalación de bloqueadores de celulares y señales Wi Fi en 33 penales del país, un ofrecimiento del gobierno de Ollanta Humala que no se llegó a completar y que buscaba acabar con las llamadas extorsionadoras y la coordinación de asesinatos desde las celdas.  

Hace un mes, la policía incautó más de 100 celulares, la mayoría de última tecnología, a un grupo de presos del penal Lurigancho. “Los usaban para extorsionar. Acá hay bloqueadores, pero no funcionan del todo”, sostuvo a este Diario el coronel Tomás Garay, ex director de esta cárcel –removido a inicios de este mes tras la fuga de un reo– que alberga a 9.453 presos, pero cuya capacidad es solo para 3.000 internos.

Jorge Chávez, coordinador de las fiscalías especializadas en crimen organizado, ha resaltado que el 90% de las bandas delictivas que son capturadas cuenta entre sus filas con algún preso que tiene celular. 

En el penal Miguel Castro Castro el panorama es similar. Los internos ingresan a Facebook casi a diario y hasta se toman fotos en sus celdas. En esta cárcel también hay bloqueadores que no funcionan al 100%. 

“Los presos alquilan celulares por semana a S/80 o S/50 o por cada minuto. Hay desde los más básicos pero también los más modernos con cámara para filmarse”, precisó un interno a El Comercio, quien usó su celular para darnos este dato. 

El coronel Garay asegura que, si los presos usan celulares, es porque hay una mafia enquistada en los penales formada por trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y policías. 

El 1 de abril, un preso, que afronta un proceso por narcotráfico, fugó del penal de Lurigancho con la supuesta ayuda de dos agentes. Él se comunicaba por celular con la organización de tráfico de drogas.  

–Río revuelto–
El Ministerio de Justicia informó que solo en los penales de Cañete y Huaral funcionan los bloqueadores al 100%; es decir, los presos no pueden hacer llamadas en ningún rincón de esas cárceles. 

¿A qué se debe la demora en el cumplimiento de los plazos? De acuerdo con el contrato firmado en octubre del 2014, la empresa Prisontec debía bloquear al 100% los celulares en 33 penales para febrero del 2017. 

A cambio, se le iba a otorgar la exclusividad para que sus teléfonos públicos sean los únicos que brinden servicio en esas cárceles. No debían existir teléfonos de Movistar, Claro o de otra operadora. Pero, eso no se cumplió. Hasta la fecha se han colocado bloqueadores en 10 penales que no funcionan en su totalidad. 

En enero del 2016, surgieron los problemas entre el gobierno de Humala y la empresa. Diego Velasco, gerente de Prisontec, aseguró que el INPE les exigía que los teléfonos públicos contaran con “certificado internacional de funcionalidad, eficiencia y calidad”, el cual –según él– “no existe en ningún país”. 

“Si no contamos con ese certificado, no podemos entrar a los demás penales a colocar los bloqueadores. No tiene sentido”, recalcó. 

Al respecto, la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello indicó que ese requisito estuvo siempre en el contrato y no se trata de un cambio intempestivo al acuerdo. 

Para salvar esta controversia, se llegó a un acuerdo para firmar una adenda que está a la espera del visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. “Queremos avanzar lo que estaba estancado”, remarcó la ministra. Velasco aseguró que en el 2018 se terminará con la instalación de bloqueadores, de acuerdo con un nuevo cronograma.

Mientras las controversias continúan, la policía ha detectado que los presos utilizan los teléfonos públicos para coordinar sus actos ilícitos. “Hace unas semanas se analizó el celular de un sicario que tenía llamadas provenientes de un preso que usaba ese teléfono”, remarcó un policía de la División de Homicidios del Callao. 

Velasco dijo que los teléfonos pueden proporcionar a los policías información detallada de las comunicaciones y sin espera como otras operadoras. Además, reconoció que el problema de las extorsiones no acaba con la colocación de bloqueadores, sino con políticas educativas y sociales. También acabar con la corrupción.

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