By-pass 28 de Julio: Lima puso en riesgo a peatones y vehículos

La Municipalidad de Lima y la empresa brasileña OAS pusieron en peligro a los transeúntes que circulaban por el área donde se construye el ‘by-pass’ de 28 de Julio al demoler y retirar dos grifos inactivos ubicados en esa zona. Esto pese a que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) había exigido a las autoridades edilicias acatar un riguroso procedimiento para manipular este tipo de instalaciones. 

Desde julio, el Minem había rechazado los pedidos del municipio para desaparecer los grifos y había efectuado observaciones al denominado plan de abandono de los establecimientos presentado por la comuna.  

Pero, lejos de despejar los cuestionamientos de Energía y Minas, y de esperar la aprobación de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del ministerio para proceder, los funcionarios municipales y OAS demolieron los grifos y retiraron siete tanques subterráneos con residuos de combustible.

Hace dos semanas, el Minem emitió dos resoluciones directorales en las cuales declara “improcedentes” los pedidos de la comuna. Pero era tarde. Los grifos ya no existían. Habían sido removidos a mediados de agosto con maquinaria de la empresa, a pocos metros de las estrechas vías improvisadas por las que transitan vehículos y peatones en medio de la construcción del ‘by-pass’.

Las exigencias
Los grifos, de propiedad de los hermanos Milagros y Luis Bustíos Espinoza, estaban uno frente al otro, en la avenida 28 de Julio, en la intersección, de un lado, con la avenida Garcilaso de la Vega, y del otro, con el inicio de la avenida Arequipa. Estaban inactivos desde hacía dos y cuatro años, respectivamente, aunque uno de ellos tenía licencia vigente.

Un establecimiento tenía cuatro tanques bajo tierra, con capacidad para 9.200 galones, y el segundo, tres tanques con capacidad para 6.500 galones. Según cree la propietaria, Milagros Bustíos, los tanques aún conservaban unos 50 galones de residuo de combustible.  

Cada grifo tenía surtidores, tuberías, pozos de fugas, tableros electrónicos y pozos a tierra. 

El 18 de junio, la comuna dispuso demolerlos con una ordenanza municipal, y el 19 presentó el plan de abandono al Minem, como lo disponen las normas.

Según el Minem, el procedimiento correcto consistía en cerrar los accesos al área de trabajo; desconectar las líneas eléctricas de los dispensadores; extraer todo el combustible de los tanques; y verificar la inexistencia de vapores mediante un exposímetro MSA, que debía arrojar un límite inferior de explosividad por debajo del 10% al momento de las acciones. 

Los informes del ministerio indican que los residuos generados tras el lavado de tanques debían clasificarse como peligrosos por una empresa autorizada por la autoridad. Pero el 31 de julio la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos hizo observaciones al plan de la comuna y le pidió subsanarlas. El 24 de agosto, el municipio remitió al ministerio sus aclaraciones a la espera de respuesta. 

Caso omiso
Sin embargo, una semana antes, el 18 de agosto, el vecino Algemiro Julcapoma Arroyo había advertido una “peligrosa destrucción y manipulación irresponsable” de los dos grifos y había grabado por segundos los trabajos con maquinaria pesada. Ante ello, denunció el hecho ante el Minem. 

En las imágenes se aprecia que uno de los tanques es elevado por un brazo mecánico, y producto de esa acción chorrea combustible al parecer mezclado con el agua que los trabajadores edilicios habían arrojado previamente. Según Julcapoma, un trabajador hacía perforaciones con taladro muy cerca de los tanques.

No se sabe dónde fueron depositados los residuos, pues consultado sobre el manejo ambiental que le dio al tema, el municipio no respondió. 

Cuando la autoridad ambiental del Minem tomó conocimiento, dio a la administración municipal diez días para que aclarase los hechos, pero hasta el 6 de octubre, día en que el ministerio emitió las dos resoluciones, la gestión de Castañeda no daba explicaciones. 

Isabel Calle, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), confirmó a este Diario que las normas de protección ambiental para hidrocarburos no admiten que un grifo pueda ser retirado sin el “plan de abandono” aprobado por la DGAAE. 

La administración edilicia fue consultada por El Comercio por las medidas que adoptó para el retiro de los grifos, pero hasta el cierre de esta edición este punto no era atendido. El municipio remitió la ordenanza municipal que dispuso el desalojo de los mismos, pero la norma que rige el desalojo de los grifos es un decreto supremo, es decir, una norma de mayor rango.