Línea 2 del metro: primer tren subterráneo del país está al 11%

Las familias que viven en las cuadras 28 y 29 de la avenida 28 de Julio, en La Victoria, saben que sobre su barrio será construida una estación de la línea 2 del metro. Lo que aún no conocen es cuándo deberán dejar sus casas y con cuánto dinero serán resarcidos tras la expropiación. “Ni siquiera sabemos el valor de la tasación que ha hecho el Gobierno de nuestros inmuebles”, dice Lila Loarte, de 61 años.

En estos predios, adyacentes al otrora mercado La Parada, hay todo tipo de negocios y edificios de viviendas. La historia es similar en casi todos los distritos donde se construirán estaciones y pozos de ventilación de esta obra subterránea, donde la mayoría de terrenos aún no han sido liberados para iniciar las obras.

Si bien en las otras 34 estaciones de la línea 2 y el ramal Faucett-Gambetta no se tendrá que expropiar viviendas, el Gobierno deberá despejar parques, alamedas, pistas y negocios. Debajo de la superficie también habrá que retirar interferencias como tuberías de agua y gas, fibra óptica y luz.

Según un informe del Ositrán, basado en el contrato de concesión, el 12 de agosto pasado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debió haber entregado 41 áreas liberadas (de un total de 73) a la Sociedad Concesionaria Línea 2 del Metro de Lima, pero solo fueron transferidas 7. Hay, en algunos casos, más de 500 días de retraso en la entrega de terrenos.

Un tema aparte es la aprobación de estudios definitivos de ingeniería (EDI), indispensables para que el consorcio pueda avanzar las obras. Según el mismo informe, solo se han aprobado 14 de los 108 EDI, y de ellos, apenas dos corresponden a estaciones. “Para construir una estación se requieren tanto los terrenos liberados como el EDI aprobado. Las demoras del proyecto vienen de ambos lados”, dice Carmen Deulofeu, gerenta general de la concesionaria. El consorcio explica, además, que sin las estaciones construidas las tuneladoras no pueden realizar la excavación (por ahora se realiza con retroexcavadoras convencionales).

Pese a que las cinco estaciones de la etapa 1-A [ver infografía] poseen características similares por las condiciones del terreno, las revisiones de cada EDI se efectúan por separado y aún siguen pendientes tres.

Aun así, el Gobierno cree que el proyecto ferroviario que unirá Ate y el Callao estaría listo en el 2021.

—Balance—
La línea 2 está al 11% de su ejecución, según Deulofeu. Se han excavado 3.800 metros de túnel, seis pozos de ventilación y se ha trabajado una parte del patio taller Santa Anita, el lugar donde se aparcarán los trenes.

El MTC atribuye las demoras a los cambios en el diseño de estaciones y pozos “que fueron técnicamente necesarios, [pero] que demandaron reiteradas modificaciones en los proyectos de reubicación, lo que a su vez retrasó la suscripción de los convenios de liberación de interferencias”.

El ministerio también explicó que los presupuestos que exigían los operadores de servicios públicos para reubicar las interferencias debieron ser revisados exhaustivamente para no incurrir en sobrecostos.

EN RESUMEN
Los motivos del retraso  
1. Interferencias. Cables o tuberías de empresas prestadoras de servicios públicos de luz, agua, telefonía, gas o cualquier otro elemento subterráneo. Salvo que se impida a partir de ahora a esas empresas ejecutar nuevas obras, las dificultades en este punto podrían incrementarse.

2. Expropiaciones. Necesarias para liberar las áreas sobre las cuales discurrirá la obra. Se calcula que alrededor de 100 familias serán afectadas, las cuales deberán ser trasladadas e indemnizadas. Recientemente se han dictado normas para agilizar las expropiaciones, pero este cambio normativo podría no solucionar el problema, pues las modificaciones legales aplican para el inicio del trámite de expropiación, y estas se encuentran en una etapa posterior.

3. Estudios de ingeniería. Son responsabilidad del Consorcio Supervisor Internacional Línea 2, liderado por la empresa peruana Cesel. Su contrato le impide declarar públicamente los motivos de la demora de la aprobación de estos. Sin embargo, una fuente del Gobierno reveló a “Gestión” que los miembros del consejo supervisor tienen problemas para comunicarse, ya que hablan idiomas diferentes, y que habrían incumplido una supuesta exigencia de que todos los miembros hablen inglés.