Ella era una alumna aplicada, desde inicial hasta primaria sacaba los primeros puestos, su madre atesora todas sus medallas. Ahora, casi no interactúa con su familia y sus padres piden apoyo psicológico. (Foto: El Comercio)
Ella era una alumna aplicada, desde inicial hasta primaria sacaba los primeros puestos, su madre atesora todas sus medallas. Ahora, casi no interactúa con su familia y sus padres piden apoyo psicológico. (Foto: El Comercio)
Yasmin Rosas

Una menor de 13 años permanece postrada en una cama, con un embarazo de 21 semanas, producto de una violación sexual, en su vivienda de Pachacámac.

A su corta edad, los médicos le recomiendan guardar reposo absoluto. Ella siente dolores y cólicos constantes. Además, padece de un mal en los riñones y hace unas semanas le diagnosticaron peritonitis. Ahora, ella asumiría el rol de madre. 

“Mi hija está muy afectada y siente cierto rechazo a la gestación. Creo que le he fallado y que no he podido protegerla”, dijo la madre en diálogo con este Diario. “Me siento mal, me duele mucho. No quiero estar así”, expresó la menor.

La niña fue violada tres veces por un sujeto en octubre del 2018. Según su testimonio, los abusos se cometieron en una vivienda en Villa El Salvador (VES). El presunto agresor ha sido identificado como Javier Enríquez Aguirre, de 23 años.  

El Ministerio Público informó que el 27 de febrero presentó la denuncia penal y el pedido de prisión preventiva para este sujeto, quien no ha asistido a las citaciones judiciales.

Desde que se inició el proceso legal, la familia de la menor señala que es víctima de amenazas. A través de cartas y llamadas anónimas, se hostiga a la madre de la niña.  

—Encrucijada—

Para el médico y ex ministro de Salud Óscar Ugarte, con este embarazo se pondría en riesgo la vida de la niña, quien se ve afectada no solo en el ámbito físico, sino también en el psicológico.

El especialista señala que desde el primer momento los médicos debieron informar a los apoderados sobre la guía y protocolo, aprobados por el Ministerio de Salud (Minsa) en el 2014, respecto a la interrupción voluntaria por indicación terapéutica de embarazos menores a las 22 semanas.  

“La causal no está en discusión, solo por la edad es un riesgo. La condición ya está dada y es deber del personal médico brindarle la información necesaria”, dijo.

De acuerdo con esta guía, la gestante o sus apoderados deben llenar unos formularios en los que expresen su intención de someterse a un aborto terapéutico. Luego, una junta médica debe evaluar a la paciente y decidir sobre la posible interrupción del embarazo. 

DETALLES DEL CASO

- La madre se enteró de los abusos cuando la menor tenía cuatro meses. Según la niña, el violador la había amenazado con hacer daño a su familia y mostrar unas supuestas fotos íntimas, si lo denunciaba.

- Interesados en colaborar pueden hacer depósitos en soles a la siguiente cuenta del Banco de Crédito: 194-9356-6313-025.

Para Ugarte, en este caso se pudo aplicar la causal 11 del protocolo: “Cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la junta médica”.

No obstante, Napoleón Paredes, ginecólogo y ex director de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, sostuvo que ante estos casos el personal de salud solo debería informar sobre el protocolo siempre y cuando se encuentre alguna patología, tal y como lo establece la guía del Minsa. 

“Si se diera el caso, la evaluación correspondiente depende de la junta médica. Los doctores deben tener el criterio de saber cuándo informar a las familias. Estoy seguro de que todos los médicos conocen el protocolo y la guía. Esta se aplica a nivel nacional”, señaló.

Ambos médicos explicaron que existe un problema de desinformación que impide que este protocolo sea visible y accesible para la población. 

Gabriela Oporto, abogada del área de litigio estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), indicó que en estos casos se evidencia el poco compromiso que tiene el Estado con las víctimas de violencia sexual, física y psicológica.

“Es imprescindible cuidar la salud física y mental de la niña y de su familia. Muchas veces, al forzar la maternidad, se condena a las niñas a seguir en el círculo de pobreza. Pocas veces ellas acaban sus estudios y pueden acceder a trabajos dignos”, explicó. 

La madre aseguró que recién ayer un médico del hospital Rebagliati de Essalud, donde se atiende la menor, le informó sobre el protocolo de aborto terapéutico. No obstante, la menor ya tiene 21 semanas. La próxima semana, le harían una ecografía morfológica.

“Si a mi hija le pasa algo durante el parto o en lo que le queda de embarazo, ¿quién me va a ayudar? ¿Acaso el Ministerio de la Mujer o alguna autoridad me va a devolver a mi niña? Nadie se preocupa”, sentenció.

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