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La otra cara de las marchas en Cercado de Lima

Unos 1.500 comercios alrededor de la Plaza Mayor registran pérdidas económicas por huelgas y el turismo también se ve afectado por cierres.

Cercado de Lima

No solo los comerciantes sufren por los cierres alrededor de la Plaza de Armas. Cientos de turistas que llegan a diario al Centro Histórico no pueden acceder. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)

No solo los comerciantes sufren por los cierres alrededor de la Plaza de Armas. Cientos de turistas que llegan a diario al Centro Histórico no pueden acceder. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)

No solo los comerciantes sufren por los cierres alrededor de la Plaza de Armas. Cientos de turistas que llegan a diario al Centro Histórico no pueden acceder. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)

En el 2002, las constantes protestas que llegaban hasta el Centro Histórico de Lima y restringían el acceso al Jirón de la Unión llevaron al empresario Salvador Ode a cerrar su negocio de ropa. Luego de al menos 10 manifestaciones que le impedían abrir su local, acumuló deudas por S/58 mil y fue desalojado.

Seis años después, Ode pudo recuperar su tienda. Sin embargo, teme que el problema se repita este año, pues entre julio y agosto pasado el acceso al Cercado de Lima se ha restringido 23 días debido a las marchas.

“Algunos han tenido que cerrar o despedir a trabajadores, y los que nos quedamos nos retrasamos en los pagos a proveedores o bancos”, dice Ode, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Jirón de la Unión y Anexos. Esta entidad informó que sus negocios pierden unos S/6 millones por cada día de cierre.

Entre julio y las primeras semanas de agosto, cuando se recrudecieron las protestas del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), cuatro locales en la galería Plaza de Armas, ubicado frente a Palacio de Gobierno, se vieron obligados a cerrar. Esta situación afecta también a otros 12 mil trabajadores de los 1.500 locales de la asociación.

“El estrés, la frustración y la incertidumbre son lo único que camina por las calles. Ayer [el jueves 10] no entró ni una sola persona y temo que nos retrasaremos en el alquiler del local y el pago a nuestras trabajadoras”, lamenta Claudia Anderson, administradora de la Casa del Café, ubicado en el pasaje Santa Rosa.

Las huelgas no solo han afectado a los comerciantes del Centro de Lima. Durante las semanas pasadas perjudicó el turismo, pues se impidió el ingreso a la Plaza Mayor de cientos de extranjeros. De la misma forma, afectó el tránsito vehicular debido a los recorridos de los manifestantes, que en varias ocasiones se desviaron de su trayecto oficial. En horas de la tarde, algunos vehículos particulares permanecían hasta una hora estancados en una misma cuadra.

La semana pasada, el servicio de la ruta A del Metropolitano (que circula por la avenida Emancipación) se vio restringido durante varias horas. Similar situación se vivió en las avenidas Tacna y Abancay, que obligó a que las personas busquen otras formas de movilizarse, como en colectivos informales, quienes aprovecharon para duplicar sus tarifas.

—Protestas y cierres—
Solo en julio, debido a dos misas en la Catedral –una de representantes del Poder Judicial y otra en favor de Alberto Fujimori– y a las protestas de los médicos y profesores, se cerraron las calles aledañas a la Plaza Mayor por 13 días. En agosto, ya van 10 días del bloqueo de vías y calles.

“Nosotros no estamos en contra de las marchas, pero nos están afectando directamente. Lo ideal sería que se concentren en un solo punto y eviten desplazarse”, solicita Ode.

#5.000

soles es el alquiler promedio de una tienda alrededor de la Plaza de Armas, según Ode. Otros locales sobrepasan los 20 mil soles.

Sin embargo, esta posibilidad resulta imposible debido al derecho constitucional de todos los peruanos para ejercer una huelga y al libre tránsito por las calles y plazas de la ciudad, indica el experto en temas municipales Julio César Castiglioni.

“Esa figura atentaría contra la libertad de reunión, desplazamiento y huelga, que son derechos constitucionales. Ni el Gobierno ni la Municipalidad de Lima los puede prohibir”, dice Castiglioni.

De la misma forma opina el abogado Diethell Columbus, quien asegura que estos son daños colaterales inevitables producto de un reclamo de un sector de la población. No obstante, precisó que las autoridades demoraron en resolver un conflicto que se radicalizó.
“El problema principal radica en la incapacidad de gestionar un conflicto social que no solo genera pérdida de clases de los niños, sino la desaceleración económica”, asegura el abogado.

Para Jorge Ochoa, representante de la Cámara de Comercio de Lima, el perjuicio de los empresarios de la zona no solo es local, sino que esta situación puede afectar la economía nacional.

“¿Cómo van a poder cumplir con las obligaciones como empresa si no venden? En una situación de revuelta, los comercios formales pierden competitividad. Además, la tentación de pasar a la informalidad está latente”, advierte Ochoa.

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