San Isidro: Sunarp registró edificio nuevo como hecho en 1999

ELIZABETH SALAZAR @ElizabSalazar 

Comprar una vivienda en San Isidro es casi un lujo. El metro cuadrado está valorizado en no menos de US$2.355 y pocos hacen esta inversión. ¿Qué pasaría si descubre que el departamento por el que pagó más de 1 millón de soles fue registrado con documentos falsos para que no supervisen su construcción?

Este Diario documentó una cadena de falsificaciones promovida por una inmobiliaria que construye en San Isidro, Surco y Miraflores, y que no halló trabas al ‘legalizar’ su maniobra en Registros Públicos.

Se trata de BBCON S.A.C. y su último proyecto está en Los Naranjos 357, San Isidro. La obra acabó en el 2012, pero la empresa tardó hasta febrero del 2013 en darle a los nuevos dueños los papeles de sus departamentos. Lo que contaremos a continuación empezó con la queja de uno de ellos por el retraso, pero terminó develando una estafa.

CADENA DE MENTIRAS
El edificio se levantó en un área de 600 m2 donde había una casa. Según la ley, BBCON debió tramitar su demolición en el municipio; luego pedir la licencia de edificación, reportar la nueva construcción, obtener la conformidad de obra y, por último, cambiar su numeración.

Esto no ocurrió. En el 2010 BBCON tramitó los permisos de derrumbe y construcción, pero cuando terminó no pudo subsanar las observaciones municipales de calidad y conformidad de la obra. Abandonó el trámite y optó por otra vía.

BBCON regresó al concejo a fines del 2011 y, con otro número de expediente, pidió constatar la obvia demolición.

“Aprobé el acta al ver que la casa se demolió en el 2010 y en su lugar había un edificio ”, dijo la ex subgerenta de Obras Silvia Rivas en su declaración policial.

Aquí se inició la farsa. BBCON inscribió el acta en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), pero en junio del 2012 llevó un supuesto certificado municipal donde se pide retrotraer la fecha del derrumbe a 1998.

NO SE DIO CUENTA

Sunarp observó que el pedido citaba un expediente erróneo y, en respuesta, la inmobiliaria llevó otro oficio donde San Isidro se disculpa por un “error de redacción”, dice que los expedientes válidos son el 277166 y 253319, e insiste en que el derrumbe fue en 1998.

Otro registrador, Jorge Carbajal Ávila, recibió este oficio y lo aprobó sin cuestionamientos.

Lo curioso es que en los archivos de Sunarp consta que en 1998, y aun después, la casa se mantuvo en pie. La empresa BBCON la compró recién en el 2011. Pero los expedientes arriba citados aluden a un trámite que se declaró en abandono. Con solo entrar a su computadora, Carbajal debió notarlo.

Pero tampoco reparó en que los certificados llevan el logo municipal mal diseñado y pegado en una esquina. No verificó que el encabezado dice “Año de la Integridad Nacional…” cuando el 2012 fue el “Año de la Integración…”, y mucho menos notó que los trámites de construcción se presentan en el formulario único de edificación (FUE) y no en un oficio edilicio.

¿POR QUÉ EN 1998?
En 1999 se aprobó la Ley 27157 para legalizar las construcciones hechas hasta ese año, sin licencia ni conformidad de obra. Basta llenar un formulario y validarlo con un arquitecto.

Con la demolición inscrita, BBCON declaró que el edificio se terminó, claro está, en 1999, incluyó la firma del arquitecto Marciano Ballarte y saneó todo en Sunarp en enero del 2013.

El último paso lo dio el subgerente de Catastro, Jorge Vivar. Él inscribió la independización de los departamentos, pese a que detectó la falsificación. “La ley obliga incluso a los municipios a dar por cierto lo que se registra en Sunarp”, se excusó.

Así BBCON vendió 8 dúplex y flats de 200 m2 en la urbanización Orrantia, a precios entre US$350 mil y US$450 mil.

TESTIGOS MUERTOS
En julio, la procuraduría de San Isidro denunció a Hugo Bertorini, apoderado de BBCON y quien firmó la mayoría de trámites. La Fiscalía 42 confirmó el delito y optó por abrir proceso contra Gianfranco Brazzini, dueño de la inmobiliaria.

Bertorini y Brazzini dicen que ellos se enteraron del ilícito cuando ya estaba todo inscrito, pero culpan de todo al tramitador que contactaron para hacer las gestiones en Sunarp.

Se trata de Jorge Valle Miranda (54), quien según su ficha Reniec murió en marzo del 2013, dos meses después de que su trámite tuvo éxito. Su viuda y sus cuñadas, que viven en Cañete, están inubicables.

El otro tramitador es Víctor Alarcón Godoy, ex empleado de la Subgerencia de Catastro de Surco. “Conocí a Bertorini en ese entonces. Me llamó y me pidió el favor a cambio de US$100. Me dio un sobre y lo dejé en San Isidro, no puse ni cambié nada”, nos dijo Alarcón.

El arquitecto Ballarte (90) murió en setiembre, cuando la policía empezó a citar a los involucrados, pero su familia presume que falsificaron su firma.

En cuanto al registrador Carbajal, constatamos que en julio salió de vacaciones y en agosto pidió una estratégica licencia sin goce de haber. La Sunarp la aprobó y se la extendió hasta diciembre, fecha en que renunció. Lo buscamos en su casa de Barranco, pero lo negaron.