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EE.UU.: los casinos peruanos le abren la puerta al lavado de dinero

Según cable de Wikileaks, especialistas de esa nación hallaron serios vacíos en la regulación del sector

EE.UU.: los casinos peruanos le abren la puerta al lavado de dinero

ALBERTO VILLAR CAMPOS

Un día antes de Halloween, el 30 de octubre del 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en nuestro país, Michael McKinley, redactó un cable confidencial para su gobierno que bien podría asustar a cualquiera. En el documento N° 232381, filtrado por Wikileaks, el diplomático dio cuenta de la visita al Perú de un equipo de la Oficina de Asistencia Técnica estadounidense (OTA, por sus siglas en inglés) en la que, entre otras cosas, el grupo se reunió con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Unidad de Inteligencia Financiera, y recorrió un conocido casino limeño. El objetivo era hacer una evaluación del mercado peruano de apuestas.

La conclusión de esa breve visita fue para EE.UU. un bocado difícil de digerir: los casinos peruanos eran una puerta abierta al lavado de dinero, a los narcotraficantes y a los falsificadores de dinero nacionales y extranjeros.

DEBILIDAD A LA VISTA
“Según la OTA, si comparamos el nivel de control en la regulación del sector de apuestas en el Perú frente a otros países, siendo Chile lo mejor y Guatemala lo peor, Perú se acerca más a Guatemala”, se lee al inicio del cable.

Por ello, la institución advirtió que, debido a la falta de regulación peruana en el sector, ninguna empresa de apuestas de EE.UU. podría invertir o abrir negocios en el país. Si eso ocurría, su licencia en ese territorio sería revocada y sus locales, cerrados.

Respecto de la Comisión de Juego Peruana (CJP, entidad del Mincetur), el cable sostuvo que sus 75 empleados eran, sobre todo, abogados que “ni siquiera entienden cómo funciona un casino”. Además, debido a que la CJP no está facultada a recolectar impuestos del sector, la institución estadounidense usó un calificativo bastante vergonzoso para describir su verdadero papel: “Paper tiger”, es decir, una institución que en teoría es poderosa, pero que en la práctica es insignificante.

Pero eso no es lo peor. Tras destacar que –según la CJP– existían unas 60 mil máquinas tragamonedas funcionando en el país en el 2009, el documento reveló que solo tres de las seis compañías que producen y venden máquinas tragamonedas extranjeras y cuentan con una buena reputación, operan en el país. “La mayoría de máquinas llega al Perú de otros lugares –explica el cable–. Sin embargo, la CJP no tiene un laboratorio para evaluar las máquinas ni puede probar si estas fueron manipuladas”. Este problema, subrayó la OTA, se agudizaba en negocios que no operaban en casinos, donde habían máquinas chinas o japonesas sin ningún tipo de control.

EL CASINO DE BIN LADEN
Pero el equipo de la OTA se llevaría otra gran sorpresa –y qué sorpresa– cuando la CJP le mostró las debilidades del sistema de otorgamiento de licencias para las salas de juego en el país. “Solo 453 locales han obtenido permisos de la entidad –relató la oficina norteamericana–. Y la CJP explicó que su sistema de licencias se asemejaba más a un simple registro. Ellos no hacen una verificación de los antecedentes de las compañías ni de dónde proviene el dinero que estas tienen. Solo necesitan datos como el nombre, dirección. Tampoco pueden hacer una evaluación de los antecedentes de compañías fuera del país”.

El cable, además, citó como ejemplo a una empresa de juegos de azar que fue impedida de operar en Chile al no poder probar los orígenes de sus fondos, pero que instaló fácilmente uno de sus locales en Miraflores.

–¿Entonces Osama Bin Ladin [sic] podría abrir un casino aquí? –preguntó la OTA.

–Sí –respondió la CJP.

ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Este vacío en la regulación preocupó a la entidad estadounidense, que, además, desveló otra arista del problema: la libertad para mover grandes sumas de dinero sin el menor control. “Según los dueños de casinos, es común para ellos tener gente apostando entre US$30 mil y US$40 mil diarios. Y agregan que, como hay poca gente que puede mover ese dinero en el país, los conocen a todos y, por ende, no ven nada sospechoso en esas transacciones”, subraya el cable.

“Finalmente, no hay prohibición ni regulación para el cobro o pago con dinero, cheques o a través de transferencias bancarias [en los locales] (…) esta falta de control hace que el sistema sea muy vulnerable a la falsificación monetaria”, agregó.

McKinley vio entonces con inquietud el panorama que tenía frente a sus ojos tras aquella visita. “El mercado de juegos de azar es en extremo vulnerable y a la vez atractivo para el lavado de dinero. La OTA cree que, antes que una asistencia técnica en materia de regulación, la legislación peruana debe cambiar sus leyes”, fue su desangelada conclusión.