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Ejecutivo promulga la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción

Instrumento establece los objetivos y estándares que deben cumplir las instituciones para promover la integridad y prevenir y sancionar la corrupción

Poder Judicial, Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Duberlí Rodríguez

Por primera vez, el Perú cuenta con una política pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción, construida de forma participativa con el sector público, privado y la sociedad civil. (Difusión)

Por primera vez, el Perú cuenta con una política pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción, construida de forma participativa con el sector público, privado y la sociedad civil. (Difusión)

El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, instrumento propuesto por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que establece los objetivos, lineamientos y estándares que deben cumplir las instituciones del Estado para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción.

Por primera vez, el Perú cuenta con una política pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción, construida de forma participativa con el sector público, privado y la sociedad civil, que contribuye a profundizar la coordinación de la acción del Estado para hacer frente a la corrupción en todas sus manifestaciones.

“Los peruanos le hemos dicho ¡no más! al pernicioso patrón de sólo responder a la corrupción cuando hay un escándalo y luego dejar en abandono las reformas planteadas. Desde ahora la lucha de corrupción es un tema permanente de agenda pública, sobre el cual todas las entidades públicas y privadas tienen el deber de trabajar y sobre todo comunicar a la ciudadanía de las acciones y resultados alcanzados”, afirmó El presidente de la CAN y titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

OBJETIVOS
La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción traza tres objetivos específicos: mejorar la capacidad preventiva del Estado; la identificación y gestión de riesgos; y fortalecer la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.

En esa línea, la política establece estándares nacionales de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; reforma del sistema electoral y de organizaciones políticas; cultura de integridad y ética pública; gestión de intereses y conflicto de intereses; de denuncias por corrupción; carrera pública; contrataciones de obras, bienes y servicios; sistema de gestión nacional de control; sistema de justicia penal; sistema disciplinario sancionador y de recuperación de activos y pérdida de dominio.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción elaborará, en un plazo máximo de 50 días hábiles, la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2017-2021, el cual se actualizará cada cuatro años y precisará las acciones, metas, indicadores, plazos y entidades responsables para la implementación de los objetivos y lineamientos contenidos en la política. Dicha propuesta será presentada al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.

Además, en cumplimiento de sus funciones, la CAN se encargará de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Nacional y del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Todas las entidades de los diferentes poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos y de los diferentes niveles de gobierno deberán adecuar su marco normativo a esta norma. En tanto, las entidades del sector privado y de la sociedad civil deberán implementar esta política pública en cuanto le sea aplicable y como un instrumento guía u orientador.

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